Ese acuerdo había sido interpretado como una señal de que el sistema político podía volver a alcanzar consensos para completar organismos que requieren mayorías especiales.
Dos nombres que aparecen en la discusión
En las conversaciones políticas han circulado los nombres de los fiscales Enrique Rodríguez y Gilberto Rodríguez como posibles alternativas para ocupar la titularidad de la Fiscalía de Corte.
Enrique Rodríguez está al frente de la Fiscalía de Lavado de Activos, mientras que Gilberto Rodríguez dirige la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de Tercer Turno. Ambos nombres fueron mencionados públicamente como posibilidades dentro de las conversaciones políticas.
La designación de un fiscal de Corte titular requiere una mayoría especial en el Senado, por lo que ningún bloque puede resolverla por sí solo. Precisamente esa necesidad de alcanzar consensos mantiene el cargo dentro de las negociaciones multipartidarias.
Ferrero ocupa la Fiscalía de Corte en carácter subrogante desde 2024. La discusión sobre su continuidad se ha mantenido abierta desde entonces y la Coalición Republicana ha expresado públicamente su respaldo a su permanencia.
Las críticas del gremio de fiscales que utiliza el FA
Parte de los cuestionamientos que desde el Frente Amplio se realizan a la conducción de Ferrero coinciden con planteos realizados por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.
En septiembre, durante su comparecencia ante el Senado en el marco de la Rendición de Cuentas, la presidenta de la gremial, Claudia González, reclamó que se concrete la designación de un fiscal de Corte titular y sostuvo que la prolongación de la interinidad genera “inseguridad institucional”.
González también cuestionó decisiones adoptadas durante la gestión de Ferrero. Entre ellas mencionó el traslado de las fiscalías de Homicidios de Montevideo desde la sede de Cerrito hacia el edificio de 25 de Mayo.
Según la presidenta de la Asociación de Magistrados Fiscales, ese traslado generó problemas de seguridad para los funcionarios. La preocupación no quedó limitada a aquella comparecencia, en julio la gremial había advertido públicamente que la sede de 25 de Mayo no reunía las condiciones mínimas de seguridad y reclamó medidas urgentes.