“Bajo ningún punto podía pasar es que Uruguay fuera omiso o se dilataran decisiones que tenían que darse, pero bueno felizmente tengo entendido que antes de cerrar el mes de junio la decisión y la formalización de esa decisión va a estar operativa", sostuvo.
Más allá de la premura del intendente sanducero en recibir esta mega inversión en su departamento (uno de los que tiene mayor índice de desocupación), el gobierno se mantiene hermético sobre nuevos anuncios.
Una reciente reunión entre los cancilleres de Argentina y Uruguay aflojaron tensiones bilaterales para evitar llegar a un nuevo conflicto como el de hace veinte años con Botnia, pero la relocalización de la planta no conforma a los ambientalistas locales.
Ambientalistas sanduceros presentaron firmas para frenar el proyecto
Un grupo de ambientalistas de “La Heroica”, representados por la organización Paysandú Soberano UPM2 NO, la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), entregaron la semana pasada a la Junta Departamental de Paysandú, 17.201 firmas de los electores sanduceros que proponen prohibir la instalación del proyecto de producción de combustibles sintéticos de la multinacional HIF Global en ese departamento.
El grupo apeló al Art. 305 de la Constitución para que el 15% de los ciudadanos inscritos puedan decidir sobre asuntos de jurisdicción departamental, cuando consideran que las decisiones del gobierno local no representan el interés común.
“Somos un grupo que ha pasado a cumplir el rol que ningún partido político cumple”, manifestó en Radio Paysandú el referente de este movimiento ambientalista sanducero, Leonardo Belassi, quien remarcó que la iniciativa pretende preguntarle directamente a la gente “qué quiere” para su departamento.
Asimismo, Belassi explicó que la papeleta presentada se enmarca en una iniciativa popular que también propone un proyecto de decreto departamental vinculado a competencias del gobierno local, especialmente en áreas como la defensa de los recursos hídricos, el cuidado del ambiente y el ordenamiento territorial, sostuvo.
Las papeletas fueron enviadas a la oficina local de la Corte Electoral, para luego trasladarlas a la sede central en Montevideo, donde las firmas se deben validar para poder confirmar si alcanzan el porcentaje de electores requerido por la iniciativa.
Una vez validadas las firmas por la Corte Electoral, la Junta Departamental de Paysandú dispone de 60 días para considerar la iniciativa; y si la aprueba, se convierte en ley y, si la rechaza, Olivera debería convocar a un plebiscito departamental donde la población decidirá por sí o por no, la propuesta de HIF Global, cuyo 80% del capital accionario está en manos de la estatal EDF (Francia) y el fondo EIG Energy (EEUU), que desarrolla plantas experimentales en varios países, pero ninguna de la magnitud que se proyecta en las orillas del Río Uruguay.
No obstante, se generó una polémica por los nuevos requisitos de la Corte Electoral (huella digital y una hoja por persona), de fecha de vigencia poco clara, los cuales son vistos por los ambientalistas como obstáculos que buscan invisibilizar la voluntad popular y encarecer los procesos de democracia directa. Señalan que las trabas contravienen acuerdos internacionales como el Tratado de Escazú, donde el Estado uruguayo se comprometió a garantizar la participación social.
“Un nuevo pacto colonial”
El Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) fue la primera organización en exigir transparencia a las autoridades por los acuerdos y concesiones estatales, y en cuestionar el proyecto por los múltiples impactos ambientales a largo plazo, como la afectación del aire, el agua del Río Uruguay y de tierras productivas.
Consultado por Caras y Caretas, el vocero de MOVUS, Raúl Viñas, advirtió que la planta de HIF en Paysandú "no generará hidrógeno verde", sino que producirá 1.200.000 toneladas anuales de metanol, nafta, gas licuado y aceites pesados, para llegar a combustibles sintéticos que no tendrán otro destino que la exportación.
“Esto no es producir hidrógeno, el hidrógeno es solamente un primer paso, y después te hacen toda una sintetización para llegar hidrocarburos largos, porque ni siquiera se quedan en el metanol, siguen de largo para producir nafta de aviación, o sea que, al fin y al cabo, es más una refinería”, explicó el activista.
“Lo que se plantea es directamente producir el combustible necesario para hacer esa separación”, dijo Belassi al respecto. Cuestiona que el proceso demande grandes cantidades de agua y energía eléctrica, además de generar emisiones y desechos químicos que tendrían "efectos negativos sobre el ambiente y la salud”.
Viñas cuestiona que el proceso, además de requerir 18 millones de toneladas (m3) de agua, requiere 1.220.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2) que en parte (5%) saldrá de ALUR (Ancap), y el resto “será generado mediante la quema de biomasa extraída de forestales y aserraderos, un insumo que será transportado en 110 camiones diarios y quemado en cuatro calderas, liberando CO2 a la atmósfera”, advirtió el ambientalista sobre la “acelerada degradación del suelo” y del “aire”.
A su vez, Viñas cuestionó desde el principio el secretismo con el que se ha manejado este y el anterior gobierno, a su juicio, “exigencia directa de la empresa”.
“Estamos viendo que se quiere hacer otro pacto colonial; el anterior se hizo con UPM que, aunque sea es una empresa que existe en el mundo, pero HIF no existe, es de papel, es un sitio web, tienen una plantita experimental allá en el sur de Chile, que produce el equivalente a medio camión de combustible por mes”, dijo Viñas acerca de la incertidumbre que genera el proyecto que se hará en Paysandú.
Para el activista, se “va en contra de la seguridad jurídica cuando a cada emprendimiento le hacen contratos especiales, con normas especiales, y peor aún, el Parlamento no se entera qué es lo que van a hacer, hasta después de firmado”.
Ineficiencia energética del proyecto de HIF Global en Uruguay
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con que el proceso propuesto presenta altos niveles de “ineficiencia energética”.
El reconocido periodista ambiental, Víctor Bacchetta, detalló en el portal El Zumbido la ineficiencia energética del proyecto de HIF en Uruguay en cada una de las etapas de transformación del producto, desde el origen hasta el consumo final.
* Se pierde un 70% de energía en los motores de combustión interna.
* Se pierde un 50% de energía en la producción de metanol y derivados.
* Se pierde un 30% de energía en la conversión de electricidad renovable en hidrógeno.
* Se pierde un 8% de energía en el transporte el combustible a Europa.
Además, los combustibles que se producirán están destinados únicamente a la exportación, sin contribuir significativamente al objetivo nacional de descarbonizar nuestra matriz energética, uno de los aspectos utilizados para el marketing de HIF.
Desde MOVUS alertaron que el auto suministro energético contemplado por HIF será “insuficiente”, por lo que la empresa demandará energía adicional proveniente de UTE, la que pretende adquirir a precios reducidos, lo que equivaldría a un subsidio indirecto financiado por las arcas del Estado y por todos los uruguayos.
Sindicato de UTE en contra del modelo de negocio y precio de la energía
Sobre este aspecto, el sindicato de UTE (AUTE) apuntó que el proyecto de la planta de HIF Global en Paysandú es “inconveniente” para el organismo estatal.
En diálogo con Legítima Mañana (de Caras y Caretas), el presidente de AUTE, Jhony Saldivia, explicó que la preocupación del sindicato se concentra en el posible precio de la energía. “Ellos mismos han salido a decir que quieren comprar la energía a 40 dólares el megavatio, cuando UTE hoy paga en promedio a un generador privado 80 dólares”, sostuvo el sindicalista sobre la inconveniencia.
“Si se compra a 80, venderlo a 40, sin duda que va a haber una pérdida”, sentenció. Según una estimación de AUTE, el ente estatal tendrá “una pérdida del orden de los 75 millones de dólares anuales”, lo que generaría un eventual impacto derivado en un “aumento de las tarifas” o en menores aportes de UTE a Rentas Generales.
"Si la energía no estaba en torno a ese precio, la ecuación económica no le cerraba para el negocio de venir a instalarse a Uruguay", indicó el presidente de AUTE.
Saldivia también respondió a las declaraciones del intendente de Paysandú, quien había planteado la posibilidad de resignar parte de las utilidades que UTE transfiere a Rentas Generales para facilitar la inversión de HIF Global.
El líder sindical, recordó que esos recursos financian políticas públicas en áreas como vivienda, salud y educación. "Estamos desvistiendo el santo de las políticas públicas para vestir el santo de una empresa que viene a ser un proyecto extractivista", señaló Saldivia sobre los recientes dichos de Olivera.
Otro aspecto cuestionado por el presidente de AUTE refiere a la cantidad de puestos de trabajo que generaría el emprendimiento. Según Saldivia, durante la etapa de construcción podrían crearse unos 1.500 empleos, pero una vez finalizada esa fase la planta requeriría alrededor de 200 trabajadores. "Habrá que evaluar cuánto nos cuesta cada fuente de trabajo directa de esta empresa", sostuvo.
El dirigente sindical consideró que el país debe discutir en profundidad las condiciones bajo las cuales se realizan este tipo de acuerdos y advirtió que, posteriormente, las dificultades financieras de las empresas públicas suelen atribuirse a otros factores. "Después tenemos la crítica a la empresa pública y no discutimos este tipo de contratos que se hacen para una multinacional", concluyó.
