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Hace algunas semanas el Intendente de Canelones, Prof. Yamandú Orsi, se presentó ante autoridades del Ministerio de Ambiente (MA) a efectos de denunciar “manejos inadmisibles” de particulares en el curso de agua del río Santa Lucía.
El jefe comunal le entregó en sus propias manos un pendrive al Subsecretario del Ministerio, Gerardo Amarilla, con imágenes que dan cuenta de la denuncia. Orsi dijo que se “constató una agresión que está sufriendo el río Santa Lucía, por lo que no es un tema solamente de carácter departamental, sino que también es nacional”.
La denuncia de Orsi fue debido a que empresas areneras hicieron un terraplén para devisar artificialmente un afluente del río Santa Lucía, el arroyo Vejigas.
Si bien en determinado momento Amarilla matizó la preocupación del jefe comunal canario por tratarse de un afluente en el que no hay represamiento de agua para abastecer a la población, finalmente el MA optó por sancionar e instar a las empresas a detener las obras, según publicó este jueves La Diaria.
El MA concluyó que las empresas Delmar Ltda. y Nielina SA han realizado “la extracción de áridos del álveo del arroyo Vejigas” usando “maquinaria pesada y camiones”, de acuerdo a lo constatado por la Intendencia de Canelones.
Asimismo, técnicos de la Dirección Nacional de Aguas visitaron la zona y determinaron que “al momento de la actuación no se encontraba propiamente represado, pero sí conformando una modificación temporal por desviación del curso”, lo que constituye “una infracción susceptible de ser sancionada”.
Otra visita, esta vez del Departamento de Protección de la Biodiversidad, de la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, determinó que se había producido “una alteración al régimen natural del arroyo Vejigas, así como una serie de afectaciones directas e indirectas sobre el ecosistema fluvial, su biodiversidad y servicios ecosistémicos asociados, sugiriendo –más allá de las sanciones correspondientes– requerir la recomposición, con el objetivo de restaurar la dinámica natural del cauce del referido arroyo”.
Por último, según expresa el matutino, la División de Evaluación de Impacto Ambiental constató el “enlentecimiento o estancamiento” del caudal del río Santa Lucía, “generando situaciones propicias para el desarrollo de algas y el arrastre del material utilizado, generándose contaminación por el uso de residuos de distinto tipo”.
Las empresas son pasibles de ser multadas con 100 unidades reajustables (UR) “por haber realizado una modificación temporal por desviación del curso, sin noticia de la Administración”, incumpliendo así lo dispuesto en el Código de Aguas. Por otra parte, se enfrentan a una multa de 200 UR por otros incumplimientos, asegura La Diaria.