La crítica a las políticas de uso del suelo
En diálogo con Caras y Caretas, Enrique Cal, integrante de FUCVAM, señaló que la federación sostiene "una lucha de tierras de larga data" y una postura crítica frente a las políticas de uso del suelo que, a su entender, favorecen emprendimientos privados en detrimento del acceso a la tierra para los sectores populares.
En ese sentido, sostuvo que la organización considera imprescindible contar con una política de tierras que priorice la construcción de viviendas cooperativas y cuestionó las exoneraciones y beneficios otorgados a desarrollos inmobiliarios privados. Recordó que FUCVAM ha mantenido esa posición en distintos departamentos del país, como Canelones, Salto, Paysandú, Maldonado y Montevideo.
Sobre el proyecto previsto para los Bañados de Carrasco, Cal afirmó que al debate sobre el acceso al suelo se suma el valor ambiental del humedal. Si bien reconoció que los aspectos técnicos corresponden a especialistas y a la academia, indicó que la federación comparte la preocupación por la función ecológica que cumple esa área y cuestionó los cambios en la categorización del suelo para habilitar emprendimientos urbanísticos. "Vemos un afán de cambiar las categorías del suelo en función de los embates del mercado", expresó.
El dirigente también cuestionó las políticas de incentivos fiscales para grandes inversiones. Aunque reconoció que durante la construcción pueden generar empleo, sostuvo que posteriormente el impacto laboral suele ser limitado. Además, expresó su preocupación por lo que definió como una "renuncia fiscal" y por decisiones que, según dijo, reducen la protección ambiental del área para facilitar futuros desarrollos inmobiliarios.
Finalmente, Cal vinculó esta discusión con la política de vivienda y cuestionó la rápidez con la que avanzan este tipo de proyectos,mientras FUCVAM aún no ha firmado un convenio de tierras con el actual gobierno. "La celeridad con que avanzan algunos procesos y la lentitud con que se tratan otros acentúa los privilegios que tienen algunos sectores frente a los tomadores de decisión".
Control de la expansión urbana y preservación paisajística
Desde la Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU), Roberto Villamarzo, explicó a este medio que la Comisión de Urbanismo de la organización "no tiene una postura a favor o en contra" del proyecto, sino que realiza agunas observaciones sobre "algunos aspectos el proceso de planificación territorial que no han estado en la consideración pública".
Uno de estas observaciones refiere a la expansión de la mancha urbana. Según explicó Villamarzo, la SAU sostiene desde hace años que "no parece necesario o no es justificable extender el suelo urbano", ya que que "el país no registra un crecimiento poblacional que justifique ese tipo de desarrollos". Agregó que esa visión ya está contemplada en las Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana, aprobadas por Montevideo, Canelones, San José y el Poder Ejecutivo, donde "se plantea el control de la expansión como uno de los objetivos de la gestión territorial".
El entrevistado también recordó que el área de los Bañados de Carrasco ya fue objeto de un proceso de planificación entre 2006 y 2008, a través del Plan Estratégico de Gestión Integrada de la Cuenca del Arroyo Carrasco, elaborado por las intendencias de Montevideo y Canelones con apoyo del entonces Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Indicó que ese proceso contó con participación de actores locales y definió criterios de preservación para el área, priorizando "la preservación de las calidades paisajísticas de ese suelo periurbano de protección paisajística y ambiental", con predominio de espacios abiertos y usos compatibles como agricultura, servicios, industria limpia y residencia no urbana.
Villamarzo sostuvo que esos lineamientos fueron incorporados posteriormente a las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial de Montevideo, que mantienen al entorno de los Bañados de Carrasco como un área de interfase rural con baja ocupación del suelo. En ese sentido, afirmó que "todo parece que la realidad no ha cambiado como para alejarse mucho de aquellas previsiones que son ley en el departamento de Montevideo".
El tercer aspecto planteado por la SAU apunta al instrumento utilizado para analizar la iniciativa. Villamarzo cuestionó que el proyecto avance mediante un Programa de Actuación Integrada (PAI) y consideró que, antes de adoptar una resolución de declaración de interés departamental, corresponde elaborar el plan parcial previsto para esa zona. Según explicó, ese mecanismo permitiría evaluar la conveniencia de modificar la normativa vigente mediante estudios específicos y con participación ciudadana. "A partir del plan parcial, que es un procedimiento nuevamente con participación de la población, es que se podrá ver si hay que revisar las previsiones de la legislación vigente y no a través de una resolución de declaración de interés sin los estudios necesarios previamente y sin participación social".
El rechazo del Colectivo en Defensa de los Bañados
En un artículo publicado por Caras y Caretas el 8 de mayo de este año, el doctor en Estudios Urbanos, licenciado en Ciencia Política y docente del Programa Integral Metropolitano de la Universidad de la República (PIM), Marcelo Pérez explicó por qué los colectivos sociales se oponen al proyecto de urbanización diseñado para Los Bañados de Carrasco.
Pérez detalló que el rechazo se fundamenta en tres potenciales perjuicios: el ambiental, la trasnformación territorial y la ausencia de participación pública. Con respecto al factor ambiental, sostuvo que "el bañado y la cuenca cumplen un rol ecosistémico clave", ya que "no solo ayudan a evitar inundaciones ante lluvias copiosas, sino que albergan una biodiversidad que es fundamental preservar y recuperar". Y sumó: "Además, mantienen una función de filtrado y depuración de los residuos que genera la ciudad. Es, de alguna manera, lo que impide que toda la basura que baja por arroyos como el Toledo o el Manga llegue directamente a las playas de Miramar o Carrasco. Por esta función, el suelo está catalogado actualmente como rural natural".
Con respecto a la transformación territorial, Pérez cuestionó el hecho de que "en una zona de suelo rural donde habitan fundamentalmente sectores populares; ahora se plantea modificar la categoría del suelo para habilitar desarrollos destinados a sectores que son, a priori, de ingresos altos". "Esto conlleva un riesgo de elitización y desplazamiento de quienes hoy viven allí. Es un fenómeno que ya vemos al norte de Camino Carrasco con los barrios privados y semiprivados como San Nicolás, Los Olivos, Polo, y que ahora avanzaría hacia Camino Maldonado. Se está transformando un bañado en parte de la trama urbana, lo que genera fenómenos de expulsión y gentrificación en la periferia, aumentando las brechas territoriales", agregó.
Sobre la ausencia de democratización y participación pública, Pérez recordó que la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible [N.º 18.308] establece que “toda persona tiene derecho a la participación en los procedimientos de elaboración de los instrumentos de ordenamiento territorial” y cuestionó la inexistencia de intercambio. "Hasta el momento no hay debate, hay hecho consumado y después vemos cómo se acomoda. Esa ha sido la postura con otras aprobaciones, algo que nos parece grave desde el punto de vista democrático".
