Sostuvo, en consecuencia, que se trata de “un caso muy delicado que no ameritaba un trámite normal como reivindica ahora el gobierno. Todas las alertas estaban encendidas para que no se tratara como un caso común, es inadmisible”.
“Las autoridades nos dicen que no sabían en noviembre del 2021 quién era Marset”, agrega y considera que esta explicación “no es de recibo que los ministros se desayunen de que se trataba de un peligroso narcotraficante en marzo. Bastaba con mirar la prensa local”.
Respecto a las explicaciones de la subsecretario de la Cancillería, Carolina Ache, recordó que esta “recibió en su despacho al abogado de Marset”, lo que deja en evidencia que “sabían quién era el solicitante”. Además “le entregaron el pasaporte impreso en mano a un apoderado. Algo que se hace solo para 30 casos en 10.000, es sumamente excepcional”.
“Nosotros con el decreto del 2014 no le hubiéramos entregado el pasaporte”, sentenció. Porque “la norma permite formas de discrecionalidad ante casos imprevistos como este”.
Para Bergara “es imposible corregir errores si primero no se los reconoce. Que los ministros afirmen que este episodio no afecta la credibilidad ante la ciudadanía y la comunidad internacional es muy preocupante”.