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Cárceles: gobierno enviará en abril un proyecto histórico para sacarlas de la órbita del MI

Carlos Negro anunció en el Senado que la ex Dirección de Cárceles se convertirá en un servicio descentralizado, aunque la oposición ya anticipa reparos.

El ministro del Interior, Carlos Negro, soltó este jueves información relevante en medio de la interpelación de la oposición en el Senado: a fines de abril, el gobierno enviará al Parlamento el proyecto de ley para descentralizar la gestión de todas las cárceles de Uruguay.

La noticia implica un giro estructural en uno de los puntos más críticos de la seguridad pública. El actual Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), heredero de la vieja Dirección Nacional de Cárceles, pasaría a ser un servicio descentralizado, con su propio organismo colegiado al frente.

Eso sí dependerá políticamente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Y ahí está el primer punto de conflicto.

¿Autonomía real?

Negro defendió la iniciativa como parte de un consenso de larga data: "Es un objetivo de todos los partidos políticos y estuvo en todos los programas de gobierno de la última elección nacional", aseguró.

Sin embargo, la oposición ya frenó el entusiasmo. Su reparo es clave: no quieren que el nuevo ente descentralizado siga atado al Ministerio del Interior. Denuncian que, de esa forma, la "descentralización" sería más nominal que real, y que el manejo de las crisis carcelarias seguiría con los mismos vicios de siempre.

"No se puede cambiar la gestión de las cárceles sin sacarlas de la lógica policial y política del Ministerio", sostienen desde la bancada opositora, que hoy mismo interpeló a Negro.

Nueva estructura para cárceles

El ministro adelantó que la nueva estructura estará a cargo de un cuerpo colegiado (no una única persona) y que el vínculo formal con el Ejecutivo será a través de su cartera. No dio nombres ni detalles sobre cómo se integrará ese organismo, pero el proyecto se conocerá en su totalidad antes de que termine abril.

La medida busca poner fin a décadas de superpoblación, violencia extrema y hacinamiento denunciado por organismos de derechos humanos. Pero los especialistas advierten que sin presupuesto garantizado y sin autonomía de gestión real, no hay cambio posible.

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