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El gobierno de Yamandú Orsi negocia con el Reino Unido y con astillero de Corea para la compra de patrulleras oceánicas.
El astillero español Cardama declinó a través de una carta participar de forma presencial en la comisión investigadora que indaga en el caso en la Cámara de Diputados, aunque dijo estar dispuesto a recibir y responder consultas de forma escrita.
La misiva enviada a los legisladores que integran la comisión argumenta que resulta "muy complejo armonizar" el "genuino y sincero interés" en colaborar con la comisión y las "limitaciones derivadas" tanto del contrato firmado con el Estado uruguayo como con el "actual marco de disputa".
"Y con las disculpas del caso por la digresión, es imposible no mencionar que resultará también muy difícil que toda esta situación pueda encauzarse adecuadamente sin la existencia de un diálogo con su gobierno, por el cual a la fecha no se ha exhibido interés alguno por su parte", señala la carta en relación a la postura de la administración de Yamandú Orsi, que resolvió rescindir el acuerdo firmado en el gobierno pasado por más de 80 millones de euros para la construcción de dos patrulleras oceánicas.
A raíz de esta rescisión, el gobierno de Orsi presentó una denuncia penal contra Cardama por irregularidades en las garantías presentadas, mientras que Cardama inició un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo ante la Cámara Internacional de Comercio.
"Por nuestra parte hemos mantenido desde el principio y mantenemos plena disposición para alcanzar una solución acordada", aseguró Cardama en la carta.
A raíz de los argumentos anteriores, el astillero pidió que se le hagan preguntas por escrito y se comprometió a responderlas "de la misma forma".
Según publica El Observador, al final de la carta, en tanto, la empresa deslindó a otras dos personas que habían sido invitadas a participar en la comisión en representación de la empresa: Pedro Álvarez (director de Proyectos) y Gerardo Moreira (excapitán de fragata que intermedió para acercar la propuesta del astillero a la Armada Nacional).
En el caso de Álvarez, la empresa señaló en la carta que no es un "representante", sino un "trabajador" y que, como tal, había declinado la invitación.
En el caso de Moreira, aseguraron que tampoco es "representante" del astillero, sino "asesor independiente".
El gobierno avanza por la compra de tres patrullas oceánicas (OPV) al Reino Unido, en el marco de la necesidad de avanzar en la custodia del mar uruguayo luego de la rescisión del contrato con el astillero español Cardama, que incluye un juicio entre la empresa y el Estado.
El presidente Yamandú Orsi había anticipado que el interés de Uruguay era avanzar con una compra entre Estados y meses atrás el Poder Ejecutivo había enviado una delegación de la Armada a suelo británico para evaluar los buques. Esta operación responde a esa estrategia, que podría derivar en un desembolso cercano a 60 millones de euros (casi 70 millones de dólares).
Además, el gobierno avanza en conversaciones con astillero de Corea. El embajador de Corea se reunió el viernes 22 de mayo con el comandante de la Armada Nacional para avanzar en su oferta de transferencia de corbetas desactivadas y construcción de nuevas OPV a cargo de Hyundai Heavy Industries.