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Caso Jonathan Correa: Caggiani admitió que el Estado "no llegó a tiempo"

El presidente de ANEP y la fiscal de Corte comparecieron ante diputados para explicar la actuación del Estado luego de reiteradas denuncias.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, y la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, comparecieron este martes ante la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados para informar sobre la actuación del Estado en el caso de Jonathan Correa.

Durante la instancia parlamentaria, las autoridades fueron consultadas acerca de las intervenciones realizadas por distintas instituciones públicas frente a las reiteradas denuncias que existían contra el entorno familiar del joven. Según los registros conocidos, entre 2013 y 2025 se presentaron 14 denuncias por situaciones de violencia, la primera de ellas cuando Jonathan tenía apenas dos años.

En rueda de prensa posterior a la comparecencia, Caggiani destacó el papel que desempeñan los centros educativos en la detección de estos casos y señaló que gran parte de las denuncias por violencia hacia niños y adolescentes surgen desde escuelas, liceos y UTU. El titular de la ANEP explicó que las autoridades de UTU informaron sobre diversas acciones desarrolladas con relación al estudiante, incluyendo intervenciones con la familia, convocatorias ante situaciones de alerta y la disposición de recursos específicos para acompañar al adolescente.

Autocrítica

No obstante, reconoció que el desenlace del caso obliga a revisar los mecanismos de respuesta institucional. "Cuando tenemos situaciones como esta, lo que da cuenta es que no llegamos a tiempo y tenemos que seguir revisando a ver cómo llegamos a tiempo", afirmó.

Caggiani también indicó que durante el último año el Estado intervino en unas 10.000 situaciones vinculadas a violencia contra adolescentes, y sostuvo que se han fortalecido las capacidades para abordar este tipo de problemáticas, aunque admitió que el caso de Jonathan Correa evidencia que aún existen desafíos pendientes.

El adolescente fue hallado sin vida el pasado 6 de marzo en una cuneta de Flor de Maroñas. Días después, la Justicia imputó a su padre por homicidio agravado y violencia doméstica. La investigación reveló una extensa historia de maltratos y denuncias que involucró a diferentes organismos estatales a lo largo de más de una década.

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