La causa Maidanik y otros versus Uruguay comprende las ejecuciones extrajudiciales de Diana Maidanik, Silvia Reyes (embarazada) y Laura Raggio, conocidas como las “Muchachas de abril”, asesinadas por fuerzas militares el 21 de abril de 1974. Y las desapariciones forzadas de Luis Eduardo González, de diciembre de 1974, y Óscar Tassino, de julio de 1977. Entre las víctimas que concurrieron estaban Elena Zaffaroni (viuda de González), Javier y Karina Tassino (hermano e hija), Mónica Wodzislawski (prima hermana de Maidanik) y Jacqueline Barrios (cuñada de Reyes). Las víctimas fueron acompañadas por el abogado Diego Camaño del Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur).
En la audiencia participaron la vicepresidenta de la Corte IDH, la jueza chilena Patricia Pérez Goldberg, el secretario adjunto Javier Mariezcurrena, junto a la directora de la Unidad de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias, Ana Lucía Aguirre, y Felipe Rivadeneira, abogado de esta unidad. Junto a ellos se hizo presente una representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por parte del Estado uruguayo concurrió una numerosa delegación de varias instituciones entre quienes estaban la secretaria de Derechos Humanos (DDHH) de Presidencia de la República, Iliana Da Silva, la directora de DDHH del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cristina Mansilla, el secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia, Juan Pablo Novella, la directora de la Institución Nacional de DDHH (Inddhh), Mariana Motta, y el fiscal especializado en crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.
Cuestionamientos de las defensas
La primer audiencia de la tarde fue la del caso Gelman versus Uruguay, allí la argumentación de Cejil se centró en “que si bien han habido avances por las cinco condenas que se alcanzaron, falta encontrar a Maria Claudia García”, explicó a Caras y Caretas la directora jurídica del Centro, Gisela de León. Además resaltaron que “los acervos documentales deberían estar bajo custodia de una sola institución” y no disgregados entre la Inddhh y la Secretaría de Presidencia.
En tercer lugar destacaron que “no existe un Plan Nacional de Búsqueda de los desaparecidos, ni un plan específico” para García. Y que hace falta “mayor coordinación del Estado en su conjunto, particularmente del Poder Ejecutivo y el Judicial”, señaló la abogada.
Luego de la audiencia, la Dra Johanna González de Cejil dialogó con Caras y Caretas y dijo que “hubo mucha apertura de la Corte a escuchar los llamados de atención” especialmente sobre la falta de un plan de búsqueda específico “que la corte pide para Maria Claudia”, y “del acceso a los archivos” de la dictadura.
“Remarcamos mucho que información que hay en la Fiscalía quizás no se traslada a la Institución Nacional, que los archivos que están en el Ministerio de Defensa todavía son muy difíciles de acceder y no vemos una política pública integral de archivos en relación a la búsqueda de personas desaparecidas”, destacó González.
De ahora en adelante la Corte IDH “va a sacar una resolución de cumplimiento de sentencia en la cual se va a pasar en limpio lo que se discutió en esta audiencia” con los alegatos de la defensa y del Estado “junto a toda la documentación presentada y las conclusiones”, explicó la abogada. Según informaron desde la Corte éstas resoluciones pueden demorar meses, y dependen de lo que decida el Pleno de los siete jueces provenientes de países de las Américas.
Reparar el daño psicológico
La segunda audiencia fue de la causa Maidanik y otros versus Uruguay, y en este caso el abogado de Ielsur señaló a Caras y Caretas todavía están esperando “que se desarrolle una política de Estado” es decir que el presidente de la República “de la orden de que aparezcan los lugares donde se encuentran los archivos para determinar la ubicación donde están las personas desaparecidas”.
Camaño reclamó que “se le de apoyo público a la Fiscalía de crímenes de Lesa Humanidad que ha sufrido múltiples ataques de distintos ámbitos y que ha realizado una tarea muy valiosa para para las víctimas”. El abogado reconoció que “ha habido algunos avances puntuales por parte de algunos de los actores dentro del sistema judicial o fuera del sistema judicial”. Pero “aquí se requiere decisiones institucionales más amplias para comprometer a todos los organismos del Estado” a cumplir con la sentencia “principalmente el Ministerio de Defensa”, resaltó.
En los casos de los detenidos desaparecidos Tassino y González “todavía está pendiente saber dónde están, qué es un tema crucial”, manifestó. “En todas las situaciones de las víctimas hay avances judiciales, hay sentencias, pero todavía se puede avanzar”, recalcó. “Y han pasado 50 años de los hechos, 5 años de esta sentencia y recién en este momento se hace una propuesta sobre la asistencia psicológica a las víctimas”, detalló. “Para una sentencia que todavía tiene muchos aspectos pendientes de cumplimiento, es muy poco”, agregó. “La Corte va a mantener estos puntos todavía pendientes de cumplimiento y se comprometió a hacer un seguimiento de los aspectos que quedan”, aseguró Camaño.
“En lo inmediato el Estado va a implementar la asistencia psicológica a las víctimas, que llevan 5 años esperando”, y sobre la orden a las Fuerzas Armadas y el respaldo a la actuación de la fiscalía especializada “veremos que pasa”, analizó.
Para la atención psicológica “se va a firmar un convenio, entre la semana que viene y la siguiente y esperamos que sea lo más pronto posible, más allá de que aún no hay una fecha concreta de inicio”, apuntó Camaño. “Algunas de las víctimas han recibido asistencia psicológica, pero alguna no la ha podido costear, una persona falleció” y el Estado anunció “que podría hacerse cargo”, complementó.
Según pudo saber Caras y Caretas con fuentes de Cancillería “se está trabajando la forma en la que va a instrumentarse”, y desde Presidencia afirmaron que “el convenio es entre el Ministerio de Economía y Finanzas, y Cancillería” para la atención psicológica de las víctimas de los casos denunciados ante la Corte IDH, por lo que no será “para todas las víctimas de la dictadura”.
Los investigadores
“Siempre es muy importante que la Corte Interamericana venga a Uruguay a controlar qué ha hecho el Estado con las sentencias que lo obligan”, sostuvo en diálogo con Caras y Caretas el fiscal Perciballe. “Por un lado hace que el Estado tenga conciencia de la obligación de cumplimiento, en segundo lugar genera que los distintos organismos del Estado que estamos comprendidos en el tema tengamos que reunirnos para preparar la presentación y tomar nota de los cuestionamientos que se realizaron”, resaltó.
En cuanto al avance de las causas hay que separar “las investigaciones por responsabilidad penal, que están más o menos encaminadas, y las de encontrar a los desaparecidos”, detalló. “En el caso Gelman hay una sentencia de condena que ya está firme por la causa de María Claudia García contra un conjunto importante de militares”, desarrolló. “Con respecto a Macarena Gelman, actualmente hay una causa por el nuevo código” donde ella está incluida “en la que hemos acusado, y estamos en el control de acusación”, expresó. “Está demorada la causa, pero está”, matizó.
“A su vez, hay una investigación aparte que la Fiscalía está llevando adelante sobre el nacimiento de ella en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas”, comentó. “Esa investigación sigue y probablemente se avance en verdad, aunque no sé si en justicia porque quizás no haya imputaciones en esta segunda investigación”, complementó. “Va a haber avances en verdad sobre que ella nació ahí, y quiénes fueron los que posiblemente actuaron”, detalló.
El caso Maidanik comprende tres causas. El caso de Maidanik, Raggio y Reyes “que son las las Muchachas de Abril y fueron víctimas de ejecución” y por esta parte “ya hay sentencia de primera y segunda instancia, y en estos días la Fiscalía va a contestar el recurso de casación interpuesto por la defensa de los acusados, así que seguramente va a tener sentencia firme en poco tiempo”, ahondó.
“En cuanto a Oscar Tassino, existen dos causas y las dos están con sentencias definitivas firmes”, por una fueron condenados Jorge Silveira y Ernesto Ramos, y en la otra Eduardo Ferro “ambos casos por desaparición forzada”, puntualizó. La tercera causa “es la que está más demorada, que es la de Luis Eduardo González, donde hay un procesamiento que fue en junio de este año y faltan las sentencias de condena, pero está encaminado”, reconoció.
Por otra parte, las víctimas de la causa Maidanik reclamaron que “en 10 días el Poder Ejecutivo emita un comunicado de respaldo a la Fiscalía, y que el presidente de la República dé la orden a los militares para que den la información”, que en 30 días “se haga una coordinación para la búsqueda y que en 40 días se pague la atención psicológica”, relató Perciballe.
Consultada la Fiscala General de la Nación sobre el alcance y el detalle del compromiso asumido ante la Corte IDH, declinaron hacer comentarios aunque aseguraron que la fortaleza de la Fiscalía de Lesa Humanidad es "un compromiso país".
Archivos documentales
“Las personas que podrían aportar información no la aportan y por otro lado, en la eventualidad de que haya esa información no sabemos la localización de esos archivos”, expresó Mota. “Son dificultades a las que nos enfrentamos”, complementó. “Los archivos de inteligencia en cualquier lado existen, y no se destruyen, porque continúa a lo largo de las diferentes administraciones”, resaltó. “Son servicios que continúan funcionando”, acotó. “No es que viene una administración y se cierra, el tema es dónde están, quién los tiene, cómo se puede acceder”, apuntó.
“El problema más sustancial es recuperar los restos de los desaparecidos, y eso tiene un obstáculo importante que es la falta de información”, argumentó. Por un lado “quienes tienen la información no la aportan”, reiteró. Los datos para las excavaciones “son muy poco precisos, eso obliga a cautelas grandes y demora la logística”, reflexionó.
“No hay una información de dónde están los archivos del SID [Servicio de Información y Defensa] y de la OCOA [Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas], que fueron quienes llevaron adelante estas barbaridades”, señaló. A los archivos de inteligencia de los Ministerios del Interior, y de Defensa “pudimos acceder, pero no están ordenados”, criticó. “No se sabe realmente qué es lo que contiene, y es un universo vastísimo que implica una demora importante en poder obtener la información que se precisa para la búsqueda”, resaltó.
Articulando
Si bien la delegación de la Secretaría de DDHH de Presidencia se retiró sin realizar declaraciones a la prensa, posteriormente emitió un comunicado en el que anunció que “transferirá archivos a la Inddhh en cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH”.
“La medida se suma a un proceso de cooperación que ya se viene desarrollando entre ambas instituciones”, la Secretaría ya ha entregado a la Inddhh “copias de la documentación digitalizada, y realiza transferencias periódicas de copias digitales de documentos obtenidos como resultado de las tareas de digitalización de archivos policiales”, expresaron. Esta última actividad deriva un convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y Presidencia de la República.
Por otro lado “como parte de una línea de trabajo complementaria, la Secretaría informó que trabaja junto al Ministerio de Defensa Nacional en la elaboración de un convenio destinado a realizar un inventario de sus archivos a nivel nacional”, manifestaron. “La Secretaría se encuentra conformando un equipo técnico que tendrá como cometido relevar los archivos y realizar una descripción general de los fondos documentales”, anunciaron.
Esta tarea se desarrollará en coordinación con la Inddhh “y permitirá orientar a sus equipos de investigación hacia aquellos fondos documentales que puedan contener información relevante para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas”, resaltaron.
