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Los senadores del Partido Colorado Carmen Sanguinetti, Raúl Batlle y Pablo Lanz presentaron un proyecto de ley que puede modificar uno de los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) en caso de aprobarse.
Carmen Sanguinetti dijo sobre el proyecto que si bien “es una conducta que no es deseable”, resulta “excesiva” la pena de mínimo de 4 años de prisión por lo que proponen una pena mínima de 12 meses.
“El proyecto no tiene género asociado pero lo que sucede en las cárceles de nuestro país es que a los hombres los visitan y a las mujeres no tanto, y en esas visitas que realizan las mujeres es cierto que ingresan drogas y las mujeres terminan presas. Entonces estás de algún modo solucionando un problema pero surgen otros. En general esas mujeres tienen hijos que ingresan a dependencias del estado que muchas veces no tienen los mejores resultados", expresó la senadora.
Este es el artículo 74, que incorporó un nuevo inciso a la Ley de Estupefacientes fijando una pena de cuatro a 15 años de prisión en los que casos que se utilice el hogar como lugar de venta, depósito o distribución de drogas. Además, la normativa prevé las mismas penas para quienes intenten ingresar o logren hacerlo sustancias a cárceles, hospitales o centros educativos.
Según datos de la Fiscalía General de la Nación, el 41% de las mujeres que hoy en día están en prisión, están cumpliendo una pena vinculada a los estupefacientes.
En la justificación del proyecto, que ingresó al Parlamento, se hace énfasis en la “imperiosa necesidad de ajustar las normas penales y procesales penales a la cambiante realidad social”.
Haciendo referencia al artículo de la LUC, los senadores entienden que “en la práctica” la norma hace referencia “a la situación de mujeres, quienes mayoritariamente son las que realizan visitas a las cárceles”.
“La nueva norma tiene una excesiva penalización (cuatro años como mínimo), provocando un importante aumento de la prisión femenina (26% en los últimos 12 meses de setiembre 2020 a 2021)”, se agrega en el proyecto de ley.
En la misma línea, los legisladores de la coalición de gobierno aseguran que “en su mayoría se trata de mujeres pobres, vulnerables, con hijos menores a cargo, que han sido sometidas a presiones de su compañero privado de libertad o de otras personas”.
En caso de que esta iniciativa tenga cabida en el Parlamento y se apruebe, se propone una pena mínima de 12 meses de prisión, por lo que será excarcelable. En el texto, se explica que el juez deberá tener en cuenta el tipo de sustancia y otros factores, como por ejemplo si la involucrada es mujer y tiene responsabilidades familiares o de otra índole.
En este sentido, se mencionan casos de embarazadas que cursen el quinto mes o madres durante el primer año de lactancia, así como también si tiene a su cargo menores o personas con discapacidad.
Por otro lado, el documento sí prevé una pena de cuatro a 15 años de cárcel para aquellas personas que vendan, faciliten o suministren drogas a menores de 21 años o con problemas de “discernimiento o voluntad”.