Luego de la última sesión de la comisión, el senador del Partido Nacional José Luis Falero brindó una rueda de prensa con respecto a la conclusión que le deja la investigación, Falero reconoció que para él “se podía haber utilizado un camino más adecuado para evitar la afectación de lo que pueda suceder como consecuencia de la rescisión del contrato”.
Además, se refirió a la carta que envió el empresario Mario Cardama a la comisión, que afirma que se trató a la compañía “como culpables de un fraude” del cual no tienen “nada que ver”.
“Corrobora muchas de las apreciaciones que están en nuestro informe y lo deja muy claro, era una percepción que teníamos de acuerdo a los testimonios recibidos”, señaló el nacionalista. Además, cuestionó que el presidente Yamandú Orsi “no se asesoró adecuadamente”, lo que lo llevó a tomar una decisión “inconveniente para los intereses del país”.
Desde la oposición aseguraron que la adjudicación del contrato a Cardama durante el gobierno de Lacalle Pou se ajustó al marco legal y contó con respaldo técnico de la Armada Nacional. Además, señaló que el procedimiento fue intervenido por el Tribunal de Cuentas y el contador central del MEF sin observaciones.
El Informe del FA
Por su parte, la bancada del Frente Amplio realizará una conferencia de prensa el próximo lunes al mediodía junto con el presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, para desarrollar sus conclusiones.
En su informe, el FA cuestiona como primer punto el proceso que terminó por dejar sin efecto el llamado a Compra Directa por Excepción iniciado en 2022, donde la Comisión Asesora de Adjudicaciones había concluido que la única oferta válida para la construcción de las patrulleras era la de China Shipbuilding Trading Co. El actual oficialismo destaca que ante la comisión el exministro García “explicó el fundamento exclusivamente económico de la decisión”, y que también “admitió que no existió informe alguno” de cómo se llegó a esa conclusión.
El FA también cuestiona la “falta de experiencia” del astillero, algo reconocido en comisión por diferentes actores. Por último, focaliza en las garantías, aspecto central de la rescisión.
Con relación a las garantías de reembolso y fiel cumplimiento, se señala que “han quedado de manifiesto aspectos particularmente graves respecto de la tramitación administrativa de este proceso, entre ellos la ausencia de expediente, de resoluciones debidamente fundadas y de una adecuada motivación de las actuaciones adoptadas”.
“Estas circunstancias no pueden ser consideradas meras irregularidades formales o inocuas, en tanto tienen consecuencias concretas y relevantes sobre la protección de los intereses del Estado”, se subraya. Asimismo, el informe agrega que durante el proceso el Banco Central “recomendó contar con asesoramiento jurídico especializado y con un corredor de seguros”, algo que no se concretó.
Asimismo, se puntualiza que el estudio jurídico Delpiazzo señaló expresamente que “el plazo para constituir la garantía de fiel cumplimiento” del contrato estaba vencido “hace tiempo” y que era “preocupante que aún no hayan podido constituir la garantía comprometida hace meses”. “Vencido ese plazo, Cardama continuó remitiendo correos electrónicos y planteando distintas justificaciones para explicar la demora, pero sin lograr constituir las garantías en las condiciones exigidas por el contrato”, señala el informe del FA.
Finalmente, se agrega que “la documentación presentada para acreditar la garantía de fiel cumplimiento incluyó un acta notarial falsificada”. Además, se agrega que “la entidad garante Eurocommerce Ltd era inexistente como operadora activa, con domicilio falso y en proceso de disolución registral desde mucho antes de la emisión de los documentos presentados al Estado uruguayo”.
“Francisco Cardama SA es el principal responsable de las maniobras descriptas”, se puntualiza desde el FA. Sin embargo, se agrega que “la consumación del fraude y la magnitud del daño causado al patrimonio público no hubieran sido posibles sin la intervención de funcionarios públicos que, mediante decisiones activas u omisiones en el ejercicio de sus cargos, permitieron que la situación se desarrollara en los términos en que hizo”.
“Estas conductas deberán ser examinadas por los órganos competentes a efectos de determinar si alguna de ellas puede encuadrar en figuras tales como el abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley”, concluye el informe.
