Justicia uruguaya
Según dio a conocer un informe del estudio Estudio Delpiazzo Abogados, que asesoró al gobierno anterior, el contrato con Cardama fijó los tribunales uruguayos como competentes en lo que tiene que ver con las discusiones de los aspectos jurídicos de los contratos, algo que fue festejado como un logro por el estudio ya que Cardama pretendía que se establecieran tribunales españoles.
Sin embargo, también se estableció que la ley aplicable para los aspectos constructivos de la obra es la española, por lo que ambas jurisdicciones tendrán peso en el recorrido judicial de la causa.
Por el lado del gobierno, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, ya presentaron ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia civil y penal contra Cardama por la garantía de su contrato con el Estado uruguayo por más de US$ 92 millones.
Posición de Cradama
Del lado de Cardama la respuesta fue que el gobierno uruguayo actuó de manera “muy incorrecta” y por lo tanto analizan los pasos a seguir porque “no se dejan apurar por nadie”.
Las especulaciones de la oposición apuntan a que el gobierno cometió un error que puede tener implicancias negativas a nivel judicial para los intereses de Uruguay ya que al haber mencionado la rescisión del contrato cuatro meses antes de concretarla, generará una demanda por daños y perjuicios por parte de Cardama.
Esto provocó una dura respuesta del prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien criticó a la oposición por sus vínculos con el astillero y denunció un acuerdo tácito entre ambos.
