La aprobación en Diputados fue recibida por las federaciones como un avance, aunque el entrevistado remarcó que el proceso de reglamentación será determinante.
En discusión
Para el presidente del PVS, la principal discusión que resta resolver es quién asumirá efectivamente el costo del IVA: si el Ministerio de Vivienda o Rentas Generales.
La diferencia, explicó, no es menor para la capacidad de construcción del propio ministerio. Si el IVA fuera absorbido por Rentas Generales, el dinero que de otro modo debería destinarse a ese concepto podría permanecer dentro del presupuesto de Vivienda. “Si el ministerio no paga el IVA, es un 10% más de dinero para que pueda construir más viviendas”, explicó.
A modo de ejemplo, señaló que en un programa de unas 50 viviendas ese porcentaje podría equivaler a cinco viviendas adicionales.
El mecanismo de aplicación de la exoneración también es otro de los aspectos que las federaciones pretenden discutir durante la reglamentación. Si el Ministerio de Vivienda es quien asume el IVA, las cooperativas continuarían abonándolo durante el proceso de construcción y recibirían posteriormente una nota de crédito.
El planteo del movimiento cooperativo es que esa nota pueda utilizarse durante la construcción y no únicamente al final del préstamo, para poder amortizar otros costos vinculados a las obras como, por ejemplo, los aportes al BPS de las y los trabajadores contratados.
El dirigente señaló que la discusión sobre estos aspectos tendrá lugar durante la elaboración de la reglamentación, en la que participarán representantes del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Vivienda.
Según relató, el planteo inicial del Poder Ejecutivo no coincidía con la propuesta de las federaciones de que Rentas Generales se haga cargo del IVA y que la nota de crédito se aplicara al final del préstamo y no al arranque.
En ese sentido, mencionó que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, había explicitado su posición y que las federaciones continuarán planteando modificaciones durante la reglamentación. “Su idea principal era la que nosotros hasta hoy seguimos tratando de cambiar y seguiremos en la discusión que haya que dar”, afirmó.
Sobre la posición del Ministerio de Vivienda, señaló que la ministra mantiene una postura cautelosa y vinculó la discusión por el IVA con la situación presupuestal de la cartera. “Sería una ayuda y un respiro bastante importante para el ministerio, que no ha tenido aumentos presupuestales”, sostuvo.
Reclamo por mayor presupuesto
El planteo sobre el IVA se inscribe, para las cuatro federaciones de vivienda, en un reclamo más amplio por el aumento de los recursos destinados a la política habitacional. "Venimos reivindicando que el presupuesto de vivienda sea el doble”, señaló.
El dirigente sostuvo que, si bien las federaciones valoran las medidas adoptadas, consideran que todavía existe una demanda habitacional que requiere una mayor intervención estatal. “Nosotros celebramos los avances, sin duda, pero seguimos reivindicando una política real de acceso a la vivienda, que haya un Estado garante, que haya gobiernos que realmente apuesten lo que se tiene que apostar para la solución habitacional de las y los uruguayos y uruguayas”, señaló.
Como fundamento del reclamo, mencionó las cifras del último censo y sostuvo que existen decenas de miles de personas que no cuentan con una vivienda en condiciones adecuadas. “Tenemos 70.000 personas en Uruguay que no tienen una vivienda digna y decorosa. Tenemos 100.000 personas en Uruguay que no acceden a una vivienda en ninguna condición”, señaló.
A su entender, el Ministerio de Vivienda enfrenta una situación compleja debido a la cantidad de demandas que debe atender. Entre ellas mencionó los asentamientos, el cooperativismo, el acceso a la primera vivienda y la ley de alquileres. “Todas iniciativas que son saludadas, que son buenas y que van a ayudar, pero todo con un mismo presupuesto que es un 0,5% del PBI”, cuestionó.
“Falta presupuesto, esa es la realidad”, sentenció.
