Ahora, la Cámara de Senadores debe definir si remite el pedido de juicio político a la Comisión de Constitución y Legislación o no. En caso de aprobarlo, la comisión recibiría a los ediles que acusaron y llamará a la intendenta en calidad de acusada para analizar los elementos y resolver la pertinencia del juicio o enviarlo al Senado.
Para que la intendenta sea destituida del cargo se requieren 21 votos, que aún no están asegurados. La bancada frenteamplista no apoya la medida, así como algunos legisladores y legisladoras oficialistas, que han manifestado su desacuerdo en los últimos días.
Quienes han mostrado una postura contraria hacia el juicio político fueron la vicepresidenta Beatriz Argimón, y los ministros Javier García y Pablo Mieres.