“Estamos frente a una situación que compromete seriamente las finanzas departamentales”, señaló Texeira, quien además advirtió que el banco tiene potestad para retener las partidas mensuales que el gobierno nacional transfiere a la Intendencia si la deuda no se cancela o se refinancia. La situación sería aún más delicada porque, según las nuevas autoridades, esta línea de crédito debía ser saldada al cierre del mandato anterior, algo que no ocurrió. El equipo jurídico evalúa si corresponde iniciar acciones legales por presuntas irregularidades.
La réplica de Chiriff: “no es crisis, es una situación de cuidado”
Desde la administración anterior llegó una respuesta firme. Chiriff negó que exista una “profunda crisis” y acusó al nuevo gobierno de estar “preparando un escenario” para justificar medidas impopulares o ajustes venideros. Según su explicación, la deuda del duodécimo no es nueva, fue informada en la Rendición de Cuentas 2024 y ya formaba parte del funcionamiento habitual de la Intendencia.
Chiriff aseguró que se trata de un endeudamiento “planificado”, con intereses presupuestados y vales que se renuevan periódicamente. En su opinión, el tenor de la conferencia de prensa fue “llamativo” y responde más a una narrativa política que a un verdadero descalabro financiero. “Es una situación de cuidado, pero no de profunda crisis, salvo que ellos no renueven los vales”, aclaró. Añadió que los vales están vigentes y se vienen pagando, por lo tanto, no correspondería aún ninguna acción del Banco República sobre las cuentas municipales.
Visiones encontradas: entre la transparencia y la sospecha de omisión
Mientras el nuevo gobierno afirma haber actuado “con celeridad” para evitar que la deuda impaga derive en el embargo de partidas y el corte de servicios, Chiriff subraya que la operativa diaria de la Intendencia —salarios, pagos a proveedores y servicios— “venía cumpliendo”.
Lo que sí reconoce comprometido es el financiamiento, a raíz de tres factores principales: el Fideicomiso Daymán, el crédito del BROU y la deuda con la empresa Sonda por luminarias, todos registrados en la Rendición de Cuentas.
Chiriff también advirtió sobre el procedimiento institucional que se debe seguir para renovar la línea de crédito. Afirmó que primero corresponde enviar un informe al Tribunal de Cuentas, recibir anuencia, y recién entonces pasar por la Junta Departamental. Cuestionó que, según la información pública, la administración entrante podría estar “saltándose” ese paso, ya que la Junta tiene previsto votar esa misma noche la habilitación para contraer un nuevo crédito con el BROU.
Mientras Texeira e Irigoyen insisten en que la deuda vencida pone en jaque el funcionamiento básico del gobierno departamental —y que cada día aparecen nuevas deudas no declaradas, como una intimación judicial por más de $2 millones—, Chiriff sostiene que la situación está bajo control y que lo que hay detrás es una operación política para instalar un relato de crisis.
Entre denuncias, advertencias y defensas técnicas, lo cierto es que la Intendencia de Salto atraviesa una fuerte tensión política en medio de una delicada transición económica. Y la verdadera dimensión de la “crisis” —si es estructural o discursiva— será puesta a prueba en las próximas semanas, a medida que la nueva administración enfrente el desafío de mantener la operativa diaria sin perder el respaldo institucional ni la confianza ciudadana.
