Precisó que “las penas deben cumplirse a cabalidad” ya que “son la garantía de que estos delitos no vuelvan a repetirse” lo que constituye “un reclamo de la sociedad”.
A juicio de Crysol quienes fueron condenados por crímenes tales como torturas, homicidio, abusos sexuales, desaparición forzada, secuestro de niños, “no pueden recibir beneficios que contribuyan a mitigar las penas”.
No obstante recordó que el mecanismo de la prisión domiciliaria está previsto y que “algunos represores, de alta gama se puede decir, como (José Nino) Gavazzo, murieron en sus casas”.
“Lo significativo de estos es que se pretende dar una libertad masiva, violando así los estándares internacionales”, sentenció.
Respecto al proyecto de reparación, Grisoni dijo que a Crysol “le parece correcto que el Ejecutivo asista a familiares de personas que fallecieron en esos años”, no obstante recordó que en el caso de policías y militares existen normas que contemplan esos casos.
Este proyecto, agregó, “tiene un trasfondo ideológico: es parte de la batalla por la memoria histórica”.
“De lo que se trata es de amplificar la violencia, responsabilizando a organizaciones de izquierda y sindicales, para de esa forma mitigar los perores casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura”, afirmó.