Además, Crysol subraya que el proyecto "discrimina negativamente" a ciudadanos uruguayos que padecieron torturas, y a niños secuestrados y/o desaparecidos.
"Especialmente (discrimina) con miles de uruguayos que, sin haber sido formalmente procesados, estuvieron semanas y meses, privados de su libertad, incomunicados, sometidos a las más crueles torturas en los centros clandestinos de represión y a los cuales se les demanda seis meses de cautiverio para ser considerados víctimas del terrorismo de Estado en la Ley 18.596".
Por ultimo, desde Crysol resaltan que los niños, niñas y adolescentes que eran familiares de ex presas y ex presos políticos, "no han sido reparados por el Estado hasta el momento ni son considerados víctimas de la actuación ilegítima ni del terrorismo estatal".