En sesión extraordinaria y con críticas del FA, este jueves la Cámara de Diputados comenzará a tratar el proyecto de reparación a víctimas de la guerrilla.
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Sobre fines de 2022 y con los votos del oficialismo y de forma exprés, según el Frente Amplio (FA), el Senado aprobó el proyecto de ley de reparación económica y social a víctimas de grupos armadas entre 1962 y 1976. El proyecto nació a partir de una minuta impulsada por Cabildo Abierto (CA) en la que se solicitó al Poder Ejecutivo la elaboración de un proyecto de ley con este cometido. La iniciativa, finalmente, fue aprobada en la Comisión de Legislación y se terminó votando en el plenario. El FA propuso que el documento vuelva a comisión para que sea estudiado “seriamente”, pero no tuvo los votos necesarios.
Así las cosas, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados sesionará de forma extraordinaria este jueves, en medio del receso parlamentario, para dar ingreso al proyecto de ley y definir una agenda de trabajo para su tratamiento. El proyecto ya recibió media sanción del Senado en diciembre.
El proyecto, en general, tiene el visto bueno de la coalición e gobierno, en contraposición a la opinión del Frente Amplio (FA). La oposición cuestiona no sólo el contenido del texto sino también el tratamiento "exprés" que se dio en el Senado, además de que, en ambas cámaras, el estudio es paralelo a la discusión de la reforma jubilatoria, sobre la que CA ha planteado diversos reparos.
El coordinador de la bancada frenteamplista, Mariano Tucci, quien integra la comisión, dijo a La Diaria, que "todas las leyes que versen sobre situaciones derivadas del proceso tienen que tener como norte necesario e imprescindible y a texto expreso el reconocimiento de que en Uruguay hubo terrorismo de Estado, y a partir de allí podremos discutir lo que ellos quieran, pero sin ese reconocimiento, que debe ser explícito, es difícil que podamos avanzar mucho más en un proyecto como el que se ha presentado”, afirmó.
Cuestionó también que el proyecto “no establece con claridad el ámbito subjetivo”, como “el universo de eventuales beneficiarios de la reparación”, y que “la fecha que se establece como punto final, 1976, es absolutamente inaceptable porque las acciones terroristas emprendidas desde el Estado pasaron largamente esos años”, y puso como ejemplo el caso del médico Vladimir Roslik, asesinado en 1984.