El CASMU, como todos sabemos, padece problemas desde hace décadas, que han sido cómodamente achacables a la administración anterior, aunque trascienden notablemente a una gestión, aun cuando se hayan vuelto más críticas.
La historia es harto sabida por tirios y troyanos. Cuando en marzo de 2009 se separaron el CASMU y el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), la nueva empresa nació a la vida con un patrimonio negativo de muchos millones de dólares.
Pese al esfuerzo que hizo Tabaré y su gobierno para encontrar una salida, la misma no fue tan generosa como la que tuvo el gobierno de Jorge Batlle con los bancos fundidos en 2002 que, fusionados y recapitalizados, reabrieron bajo el paraguas del Banco Comercial, hoy vendido a Scotiabank.
Las normas de Basilea y el FMI exigían que, para reabrir, los bancos tenían que ser recapitalizados. Y así se hizo.
El pueblo uruguayo y, naturalmente, el Estado uruguayo pusieron la tarasca con deuda tomada al FMI, y pagamos la fiesta todos, sin chistar.
Pero no hubo normas de Basilea para el CASMU, que en 2009 salió al ruedo a competir con tremenda renguera, incluyendo en la competencia a los seguros médicos subsidiados.
Eso lo colocaba de cajón como categoría 4 en los bancos y le restringía mayormente el acceso al sistema bancario. Es así que el MEF ideó el sistema de fideicomisos, que permitió al CASMU y al resto del sistema mutual acceder a créditos con garantía de los flujos a recibir del Fonasa, contando implícita o explícitamente con la garantía del Estado.
Las pérdidas acumuladas durante años fueron requiriendo la ampliación gradual de estos fideicomisos. y así, la cosa fue funcionando hasta marzo de 2020.
Debería hacerse constar que todas las administraciones del CASMU desde esa fecha hasta aquí, y todas las corrientes políticas que condujeron al CASMU, debieron en esas circunstancias recurrir, en una u otra oportunidad, a los préstamos privados no bancarios, aunque las tasas de interés fueran creciendo.
Como todo el mundo sabe, la necesidad tiene cara de hereje.
Aquí quiero recordar que ocurrieron dos cosas que pautaron el futuro de la institución. Asumió el gobierno la coalición republicana con el plan ostensible de liquidar el sistema mutual de salud. Tal propósito era dirigido por la terna arbitral del ministro Daniel Salinas, su ladero González Machado y José Luis Satdjian, que ostentaba el micrófono que lo comunicaba con el VAR de Torre Ejecutiva, donde se definían el objeto, el volumen y la oportunidad de los negocios. Con ese equipo instalado irrumpió la pandemia, cuando estaban listos para la conquista del Oeste.
Pero la oportunidad y la urgencia no estaban puestas en eso, sino en liquidar, saquear y repartir posteriormente Casa de Galicia. Un vaciamiento que implicó una pérdida para el Estado de dimensión similar a la perpetrada por Mario Cardama y sus coautores locales, los que serán oportunamente señalados por la Justicia.
Concluido el cierre y reparto de Casa de Galicia en los primeros meses de 2022, y terminada la pandemia con sus consecuentes oportunidades de negocios, el fuego de mortero empezó a apuntar al CASMU.
Durante el período de pandemia, la mutualista fue amortizando fideicomisos, sustituyendo pasivos de largo plazo por endeudamiento de corto plazo.
Restringido a la operativa del BROU, que hizo “pininos” para asistirlo, no le quedó más remedio que incrementar su exposición a préstamos privados.
Hasta ahora a nadie se le ocurrió una alternativa mejor que esta y, por algo, la situación se perpetúa hasta el día de hoy.
Con el MSP ya predispuesto a asegurarle el mismo futuro que a Casa de Galicia, cualquier solicitud de fideicomiso hubiera provocado la intervención. A propósito, desde el MSP no se le tendió ningún puente. Por el contrario, se le generaron todas las condiciones para favorecer su caída, incluyendo el suministro de contactos con algunos prestamistas merodeadores de cadáveres y, por lo pronto, blancos como paleta de bagual.
Cuando, a mediados de 2023, ya la situación no aguantaba más, la directiva de la época solicitó el fideicomiso y allí el MSP mostró los dientes. Pretendió liquidar la mutualista, pero, ante la férrea oposición de sectores como el del senador Sergio Bottana, en el propio partido de gobierno, y también de algunos sectores del Frente Amplio, como la actual ministra Cristina Lujtemberg, el gobierno dio marcha atrás en su voluntad de liquidar y repartir el CASMU en beneficio de los múltiples intereses que la aguardaban con servilleta puesta atada al cuello y cubiertos en mano.
Para ser honestos, yo pienso que hay una coalición de intereses que atraviesa todo el sistema político, que pretende fragmentar el sistema de salud, cuya pieza más vulnerable y codiciada parece ser el CASMU, y que está respaldada por economistas y consultores relacionados con los seguros privados y que, aunque da lástima admitirlo, parece gozar de más vigor que nunca.
En definitiva, en agosto de 2024 se terminó votando la ley que permitió al CASMU acceder a un nuevo fideicomiso. Pero el MEF dilató los desembolsos y los retaceó, al mismo tiempo que el BROU se cobró gran parte de los fondos adeudados con garantía del Fonasa.
El resultado es que no quedaron fondos disponibles para cancelar a los prestamistas privados, que siguen lucrando con la necesidad del CASMU hasta el día de hoy.
Ahora Satdjian nos recuerda que estas deudas ascienden a 12 millones de dólares, lo que significa que los prestamistas se embolsaron 2.000.000 de dólares de intereses por los obstáculos y demoras que desde el gobierno pusieron para votar el nuevo fideicomiso, que le hubiera permitido obtener los fondos necesarios para liberarse del financiamiento parabancario a altas tasas de interés.
Satdjian, que cree haber inventado el agujero del mate, pretende, para votar la ley propuesta por el Poder Ejecutivo, poner la condición de no pagar tales pasivos como si los acreedores fueran a quedarse quietos ante deudas registradas y aceptadas, por supuesto, por el CASMU, pero también por el MSP, la Junasa, el MEF y toda la serie de carísimos e intrascendentes veedores e interventores, con los que la mutualista debe todavía cargar desde hace más de tres años y a los cuales no se les ha caído ninguna idea diferente de lo que han propuesto las directivas de turno, electas legítimamente por los socios capitalizadores.
Satdjian, que es un comerciante exitoso, no puede ser tan ingenuo de creer que, así como así, se puede elegir a qué acreedores dejar clavados, como si estuviéramos en algún desfiladero montañoso asaltando diligencias en el Lejano Oeste.
Ya que seguramente no le pasó desapercibido que entre los acreedores figura gente vinculada a agrupaciones del Partido Nacional que no lo pueden ver ni en figuritas. No sería de extrañar que la propuesta del exsubsecretario fuera parte de una estrategia extorsiva para advertir del riesgo a algunos de sus correligionarios involucrados.
Para entreverar las cartas y complicar lo único verdaderamente importante, que es votar el fideicomiso de garantía, cualquier monedita es buena.
Bordaberry clava una banderilla y Satdjian otra para poner trabas a la única opción que hoy reclaman las nuevas autoridades del CASMU, que aspiran a salvar y permitir dar continuidad a una institución emblemática e insoslayable en el Sistema Nacional Integrado de Salud.
Si lo de Satdjian nos recuerda a los paisajes de El Coyote, lo de Bordaberry es apropiadamente británico y de buenos modos. Sugiere que los médicos capitalicen el CASMU como si fuera una empresa común y corriente. No dice nada disparatado el empresario futbolístico, hoy senador del Partido Colorado. Es razonable que todos hagan un esfuerzo, pero nada de lo que haga semejante personaje es inocente. El aporte de capital abre la puerta al concepto de que pueda entrar capital de afuera al sistema mutual, un trofeo codiciado por el entorno del senador colorado, al que le quedó en el buche la construcción de un “Uber de la salud”.
Pero no podemos dejar pasar que el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo contiene otra trampa, esta última incorporada y defendida por el ministro Gabriel Oddone y que, por otra parte, me temo que resulte inconstitucional: la condición de que, para integrar las direcciones de las instituciones que dispongan de este tipo de garantía estatal, e incluso para asumir las responsabilidades técnicas y financieras en las mismas, se deba disponer de una especie de certificado de idoneidad e integridad, reconocida como en las normas de Basilea, impuestas para el sistema bancario para entidades que manejan fondos públicos.
Es inconcebible que la dirección de una entidad privada, por más interés público que tenga, deba recaer en burócratas que nadie eligió, pero que cuentan con el beneplácito o, al menos, la no objeción de las autoridades gubernamentales. En general, son los burócratas y tecnócratas los que están errando y dejando expuesto al poder político. En su caso más extremo, con la gobernanza y las normas de Basilea, han terminado con las democracias y llevado a una crisis a toda la economía europea, que se maneja desde Bruselas en todo el continente.
Parece que es inminente la consideración de la ley, el fideicomiso y su articulado. Lo que en realidad importa es que el CASMU reciba lo que tiene que recibir porque tiene derecho, porque es necesario, porque le permite mejorar su situación económico-financiera y, sobre todo, porque lo va a pagar con las cápitas que cobrará mensualmente, aportadas por el Sistema Nacional de Salud. Las autoridades del CASMU están haciendo esfuerzos para que el CASMU continúe brindando atención médica de calidad a sus usuarios, y ellos no merecen más dilatorias.
