Polémicas
Uno de los temas más polémicos y más discutidos a lo largo de la tarde de este lunes en el plenario de Diputados fue la intención del Poder Ejecutivo de bajar el tope máximo de uso de efectivo. Es que detrás de esa decisión hay un debate más amplio y que expuso visiones contrapuestas: ¿se puede o no modificar una normativa que la ciudadanía ratificó en un referéndum hace menos de 4 años?
Siete votos colorados le permitieron al Frente Amplio alcanzar una mayoría de 55 diputados para reducir el tope para el uso de efectivo fijado por la Ley de Urgente Consideración –y ratificado por un referéndum– de un millón de unidades indexadas (más de US$ 160 mil) a unos US$ 32 mil. La LUC había modificado una normativa anterior que establecía el límite en US$ 6 mil.
Desde la oposición, cuestionaron la actitud del gobierno de modificar “lo que respaldó el soberano” hace poco tiempo mientras que desde la bancada oficialista defendieron la legalidad del proceso y el diputado Alejandro Zavala adelantó que impulsarán los cambios a la LUC que entiendan necesario más allá del resultado del referéndum.
Otro de los puntos en los que los colorados acompañaron al Frente Amplio fue en los cambios al artículo 17 para que la debida diligencia simplificada no sea tan frecuente. El artículo, que ya había sido aprobado en el Senado, elimina los incisos dos, tres y cuatro –que habían sido agregados en la LUC– y deja a la reglamentación las condiciones en las que se podrá aplicar la debida diligencia simplificada.
Por otra parte, una de las dudas que faltaba despejar al inicio de la jornada era si el oficialismo iba a conseguir los votos para eliminar la fiscalía especializada. Ese artículo, que en el Senado tuvo amplio respaldo, fue rechazado de plano por blancos, cabildantes e independientes en Diputados y, otra vez, quedaba la duda de si los colorados se iban a dividir o no.
Finalmente, los colorados cambiaron la posición que habían tenido en el Senado y rechazaron la eliminación de la fiscalía especializada por lo que los 48 votos oficialistas no fueron suficientes para aprobar ese pasaje.
El proyecto aprobado
El proyecto aprobado por los diputados modifica más de 30 artículos de la ley Integral contra el Lavado de Activos de 2017. En muchos casos se trata simplemente de adecuar la redacción a los conceptos del nuevo Código del Proceso Penal –formalizado en vez de procesado o Fiscalía por juzgado– pero también introduce otros cambios.
Uno de ellos es agregar nuevos delitos como precedentes del lavado de activos, es decir como la actividad que generó los recursos que luego se buscan blanquear. Entre los delitos que se agregan están los ambientales (introducción de desechos tóxicos), el fraude en las entidades integrantes del sistema financiero nacional y los ciberdelitos cuyo monto real o estimado supere las 100 mil unidades indexadas (US$ 16 mil).
Otro de las modificaciones es la introducción de nuevos sujetos obligados no financieros, es decir de personas o empresas que están obligados por su actividad profesional a reportar operaciones sospechosas.
Los nuevos sujetos obligados son los fiduciarios no financieros salvo cuando sea una persona física o jurídica sujeta al control del Banco Central y los prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos que trabajen para negocios que en forma “profesional y habitual” desarrollen actividades financieras en el exterior.
“También podrán aplicarse sanciones a los directivos y la alta gerencia de los sujetos obligados, las que consistirán en apercibimiento, observación, multa o inhabilitación para actuar ante la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos en forma temporaria o definitiva”, dice el texto aprobado.
