El segundo eje se centra en el fortalecimiento del trabajo en el interior del país, a través de la reactivación de cerca de 30 Unidades Locales de Seguridad Vial (Ulosev). La estrategia busca adaptar las políticas nacionales a las realidades departamentales, con especial atención al control de motocicletas, el tipo de vehículo que concentra los mayores niveles de siniestralidad y letalidad.
El tercer componente de la agenda es la educación vial. Mediante acuerdos con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU), se incorporarán contenidos de seguridad vial de forma transversal en el sistema educativo a partir del ciclo lectivo 2026, con el objetivo de promover cambios de comportamiento a largo plazo.
Políticas vigentes
En cuanto a las políticas vigentes, la nueva administración confirmó la continuidad del Alcohol Cero al volante, medida que se mantiene como uno de los principales consensos en materia de seguridad vial y salud pública.
Por otra parte, Metediera cuestionó las recientes declaraciones del senador nacionalista Sebastián Da Silva, quien instó a no pagar multas de tránsito y criticó el funcionamiento del Sistema Único de Ingresos Vehiculares (Sucive). El presidente de la Unasev señaló que el organismo analiza las posibles implicancias jurídicas y políticas de esos dichos, al considerar que promueven el incumplimiento de las normas de tránsito en un contexto de elevada siniestralidad.
Finalmente, la Unasev prevé mantener reuniones con el Ministerio de Economía con el objetivo de asegurar los recursos necesarios para reforzar la fiscalización tecnológica y ampliar la red de radares a nivel nacional, una de las líneas de acción previstas para mejorar el control y la prevención de siniestros.
