Sin embargo, la militarización de la frontera marítima no ocurre en un vacío neutral. Este movimiento se da como secuela de cuestionados operativos llevados a cabo en aguas del Caribe por el Ejército estadounidense, los cuales dejaron un trágico saldo de cientos de muertos y encendieron las alarmas de organismos internacionales de derechos humanos. Lejos de actuar como un mero patrullaje disuasorio, el envío de buques de guerra de gran maniobrabilidad en zonas costeras vuelve a colocar el uso de la fuerza y la proyección de poder militar sobre la mesa, erosionando las vías de cooperación diplomática multilateral.
El despliegue coincide, además, con un momento crítico en la agenda geopolítica y comercial entre ambas naciones. La firme postura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazando de forma categórica e reiterada la pretensión de Donald Trump de ingresar tropas estadounidenses a territorio mexicano para combatir al narcotráfico, marca un límite soberano que Washington intenta bordear desplegando fuerza militar en las aguas limítrofes. La insistencia estadounidense en recurrir al músculo militar bajo el lema de la "protección de la patria" choca frontalmente con la doctrina de autodeterminación y no intervención que defiende la administración mexicana.
Frente a este panorama, la utilización de plataformas de combate litoral en áreas limítrofes expone un dilema de profundas consecuencias normativas y políticas. Convertir el combate al crimen transnacional en una operación naval de soberanía militar sienta un peligroso antecedente de sobremilitarización fronteriza. Mientras Estados Unidos prioriza la demostración de fuerza para responder a dinámicas internas de seguridad, la región observa con justificada preocupación el repliegue de la diplomacia frente a la retórica del control y la disuasión militar.