Frente a este escenario, el ordenamiento jurídico y las instituciones financieras ofrecen vías de salida sujetas a plazos y condiciones específicas. La Ley 18.331 de Protección de Datos Personales. Si incurres en un incumplimiento comercial (una deuda sin pagar), el Clearing solo puede mantener publicada esa información por un máximo de 5 años desde que ingresó al sistema. Cumplidos esos 5 años, la empresa (Clearing) tiene la obligación legal de borrar el dato automáticamente, sin que tengas que ir tú a pedirlo o iniciar un trámite especial. Por otro lado, el acreedor (la persona o empresa a la que le debes) tiene el derecho de pedir una sola vez que el registro se renueve. Si lo pide antes de que venza el plazo inicial, la deuda puede figurar por otros 5 años (alcanzando un techo absoluto de 10 años). Pasada esa década, la información debe borrarse sí o sí del Clearing, aunque la deuda siga sin pagarse.
En la Central de Riesgos del BCU, por su parte, los historiales de deudas extinguidas, prescriptas o con más de 15 años de antigüedad dejan de difundirse en las nóminas públicas.
Soluciones operativas
En el plano de las soluciones operativas, se destaca el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas, impulsado de manera conjunta por la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), el Banco República (BROU) y la red de administradoras de crédito con el respaldo del BCU. Este plan permitió que más de 168.000 personas regularizaran su situación comercial mediante la condonación total de intereses de mora para saldos de menor cuantía y facilidades de pago en cuotas fijas sin interés para deudas acumuladas de hasta $100.000.
A pesar de los programas de refinanciación y de la caducidad temporal de los registros comerciales, el problema de fondo sigue marcando la agenda económica del país. La brecha entre los ingresos medios y las tasas de interés asociadas al crédito de consumo continúa empujando a miles de hogares hacia ciclos repetitivos de sobreendeudamiento. Debido a esto, la discusión parlamentaria mantiene el foco en proyectos de ley diseñados para establecer mecanismos permanentes de reestructuración obligatoria o insolvencia de la persona física, con el objetivo de brindar un marco legal de rehabilitación financiera definitiva a quienes se encuentran imposibilitados de hacer frente a sus compromisos.
