Desde el Poder Ejecutivo se manifestó el desacuerdo con este tema, así se lo comunicaron a la Federación Uruguaya de la Salud y este jueves firmaron el decreto para evitarlo.
El decreto del Ejecutivo
El decreto señala: "A los efectos de lo previsto en el presente Decreto, no revisten el carácter de documentos otorgados por profesionales las anotaciones, registros, evoluciones, indicaciones, interconsultas y demás actuaciones profesionales que se incorporen a cualquier instrumento documental, en tanto tales actuaciones carezcan de autonomía documental propia y no sean expedidas como documentos independientes. En particular, no revestirán el carácter de documentos otorgados las actuaciones que se incorporen a la Historia Clínica o a cualquier otro instrumento destinado a consignar el proceso asistencial de una persona, en tanto tales actuaciones carezcan de autonomía documental propia, permanezcan integradas funcionalmente al proceso asistencial y no sean expedidas como documentos independientes".
Por su parte, el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, sostuvo que la resolución presentaba irregularidades desde el punto de vista formal, al entender que el directorio de la Cjppu no estaba habilitado para definir ni el instrumento de cobro ni el monto del timbre.
Desde la Caja de Profesionales, en tanto, se defendía el nuevo cobro al considerar que la normativa vigente le otorgaba esa facultad y que se trataba de una herramienta necesaria para fortalecer sus ingresos en medio de la compleja situación económica que atraviesa la institución. Sin embargo, el gobierno concluyó que el impacto que podía generar sobre el sistema sanitario hacía inconveniente su aplicación.