No obstante, el titular de la cartera de Ambiente fue categórico al señalar la necesidad de proteger las políticas de infraestructura básica de la disputa partidaria:
«Estoy convencido de que no todo puede ser objeto de disputa política. No se puede vivir en un clima de campaña electoral permanente y, en temas tan importantes para el país, se deben encontrar mecanismos de diálogo para poder trabajar».
Desde la perspectiva del Gobierno, la construcción de la represa en el departamento de Florida no admite mayores demoras, dado que responde a un diagnóstico técnico histórico sobre la vulnerabilidad hídrica de la región más poblada del país. Las autoridades remarcan que la planificación del proyecto ha seguido los carriles institucionales correspondientes y que la vía de la concertación es el camino para resolver discrepancias, en lugar de la parálisis administrativas por la vía judicial.
El Proyecto Casupá: objetivos, características y avances de la obra
La construcción de la represa sobre el arroyo Casupá constituye uno de los emprendimientos de infraestructura hídrica más relevantes planificados en Uruguay en las últimas décadas. Está concebido para reforzar de forma estructural el sistema de abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana, y busca mitigar los riesgos frente a eventuales sequías extremas garantizando el suministro a más de 1.700.000 habitantes.
Objetivos estratégicos del emprendimiento
Aumento de la capacidad de reserva: El objetivo primordial de la represa es incrementar significativamente el volumen de agua dulce almacenada en la cuenca del río Santa Lucía. El embalse funcionará como una reserva estratégica que regulará los caudales del arroyo Casupá para inyectar agua dulce al sistema en períodos de déficit hídrico extremo.
Seguridad hídrica para el área metropolitana: la obra está diseñada para evitar situaciones de desabastecimiento o deterioro crítico en la calidad del agua potable distribuida en Montevideo y los municipios canarios conectados a la red principal.
Control de caudales y regulación hídrica: además de garantizar el suministro para consumo humano, la represa permitirá una gestión más previsible del recurso hídrico, amortiguando los efectos de estiajes prolongados en los ecosistemas asociados a la cuenca.
Avances y estado de la licitación
El proyecto ha entrado en una fase decisiva de concreción material y administrativa. El paso más significativo se dio el 30 de junio, fecha en la que OSE lanzó oficialmente la Licitación Pública Internacional para la construcción de la represa. Este hito licitatorio habilita la recepción de ofertas de empresas y consorcios nacionales e internacionales capacitados para ejecutar la infraestructura civil, el dique de contención y las obras conexas.
Paralelamente, el Ministerio de Ambiente se encuentra procesando el estudio de impacto ambiental para la emisión de la Autorización Ambiental Previa (AAP), requisito previsto en el marco regulatorio nacional. A pesar de los señalamientos de sectores críticos sobre los tiempos de este trámite, desde el Ejecutivo se ratifica que los procedimientos se están desarrollando de forma transparente y bajo el amparo estricto de las potestades estatales.
Los palos en la rueda: la demanda liderada por Pablo Mieres
En segundo término, la iniciativa gubernamental enfrenta resistencia desde diversos sectores de la oposición política y gremiales del sector agropecuario. La oposición a la obra quedó formalizada a través de una demanda civil interpuesta ante la Justicia por el Partido Independiente (PI), conducido por el exministro Pablo Mieres, que busca la suspensión cautelar inmediata del proyecto.
La presentación pública de la demanda se realizó en el anexo del Palacio Legislativo con la participación directa de Mieres, acompañado por los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado) y Martín Lema (Partido Nacional), el exdiputado Eduardo Lust (Partido Constitucional Ambientalista) y dirigentes del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI). Asimismo, la acción judicial recibió el respaldo expreso de la Federación Rural —representada por su presidente Rafael Normey—, la Asociación Rural de Florida y colectivos de vecinos y productores locales.
Argumentos centrales del recurso judicial
La demanda solicita a la Justicia dictar una medida cautelar que ordene la «suspensión inmediata de toda actuación administrativa, contractual, financiera, presupuestal, licitatoria, expropiatoria o material» vinculada al Proyecto Represa Casupá. La pretensión del bloque opositor es frenar cualquier avance de OSE o del Poder Ejecutivo hasta tanto exista un fallo firme.
Pablo Mieres explicó en conferencia de prensa que la demanda no busca que un juez juzgue la conveniencia técnica o la utilidad de la represa, sino evitar el incumplimiento de normas ambientales de rango constitucional y legal (Ley N.º 16.466, Decreto N.º 349/005 y Ley N.º 18.610). Criticaron enfáticamente que OSE haya abierto la licitación internacional sin contar con la Autorización Ambiental Previa otorgada por el Ministerio de Ambiente.
Desde el sector político y gremial que apoya la demanda, como el senador Martín Lema y el dirigente rural Rafael Normey sostuvieron que el proyecto insiste en concentrar los riesgos en la cuenca del Santa Lucía en lugar de buscar fuentes alternativas. Asimismo, advirtieron sobre el impacto ambiental derivado de la inundación de terrenos productivos y la pérdida de monte nativo en la zona del embalse, sumado a las dudas expresadas sobre los costos totales de las expropiaciones y las obras.
Con este escenario, la resolución de la medida cautelar por parte del Poder Judicial determinará si el Gobierno puede mantener el cronograma de la licitación internacional o si el proyecto Casupá sufrirá una parálisis preventiva en el corto plazo.
