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Política Senado |

Otra ley exprés

El Gobierno impone una Ley de Medios que afecta la libertad de expresión

El oficialismo aprobó en el Senado, sin pasaje por la comisión la Ley de Medios, una ley que atenta contra la libertad de expresión en Uruguay.

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En un hecho casi sin precedentes, el oficialismo aprobó en el Senado, sin previo pasaje por la comisión correspondiente, la denominada Ley de Medios, una ley que atenta contra la libertad de expresión tal cual la conocía la democracia en Uruguay, pero que por la forma en que fue aprobada genera un antecedente antidemocracia en el máximo órgano representativo.

Ansiedad

El “ansediometro” de la coalición de gobierno sigue generando antecedentes legislativos peligrosos para el equilibrio político en Uruguay.

Primero fue la Ley de Urgente Consideración, una ley “ómnibus” que si algo demostró es que no tenía ninguna urgencia en su tratamiento, y que en los textos expresos, que según el nuevo Gobierno daban respuesta a urgencias como la inseguridad, tampoco resultó efectiva.

Pero el Gobierno lo necesitaba urgente; necesitaba habilitar que la enorme mayoría de empresarios que jugó sus cartas al actual oficialismo pudieran andar con 100 mil dólares en el bolsillo, que las restricciones a las demandas sindicales como el derecho de huelga tuvieran respaldo legal, y otras tantas medidas.

En éste caso, es inevitable asociar la ansiedad del oficialismo con la campaña electoral.

Cierto es que el tiempo en que se venía procesando el tratamiento del proyecto de ley era lento para los dueños de los grandes grupos de medios de comunicación.

Vale recordar que a pesar de las objeciones que interponían el Frente Amplio y Organizaciones de la Sociedad Civil, había un debate no resuelto interpuesto en Diputados por el cabildante Sebastián Cal.

Pechando al Senado

La consideración de grave y urgente en el tratamiento del proyecto de ley asombró a los senadores de la oposición, que en principio se retiran de la coordinación de bancada de los partidos políticos en el Senado, por entender que en ningún momento se les comunicó que esta ley, que estaba a estudio en la Comisión de Industria del Senado, iba a ser presentada para ser votada.

El senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía realizó una intervención en la Cámara Alta sobre las desprolijidades en la presentación del proyecto de Ley de Medios, realizada por la coalición de gobierno y que deslegitima el funcionamiento de una coordinación interpartidaria.

El proyecto de ley se votó “a tapa cerrada”, con modificaciones y un aditivo propuesto por Cabildo Abierto, que encontró en esta ley su anterior proyecto fracasado que fue tildado como una amenaza a la libertad de expresión. Además, la iniciativa propone una flexibilización del número de medios que puede acumular un mismo propietario, la posibilidad de incorporar inversión extranjera en la oferta mediática, y plantea nueva gobernanza para los medios públicos.

El proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados en 2023 y volverá a dicha Cámara, donde será sancionado.

El senador frenteamplista Alejandro Sánchez dijo que la ley “consagra algo que es brutal: dentro de 30 días este Gobierno nombrará al presidente de los medios públicos y éste durará 6 años en el cargo”, y argumentó que “este Gobierno pretende eternizarse designando quién será durante todo el próximo período de gobierno el director de los medios públicos, lo cual es un atropello atroz a la democracia, porque este Gobierno se quiere arrogar el derecho de que el próximo Gobierno no pueda decidir quién va a dirigir los medios públicos después de realizarse una elección”.

Por otra parte, afirmó que esta ley “lleva a una concentración de medios de comunicación que va en contra de cualquier estándar internacional en términos de la democratización de los medios de comunicación”.

Añadió que “se generan mecanismos por los cuales los medios de comunicación no tendrán que abonar por utilizar el espacio radioeléctrico nacional que es propiedad del Estado uruguayo”.

“Estos componentes hacen que se esté legislando de una manera particular por intereses espurios, por presiones de grupos de poder y no en aras de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos”, valoró.

No es dictadura

“No es dictadura” titulaba el semanario Marcha en junio de 1973, en forma irónica, para burlar la censura de un gobierno que entendía que la prensa no reunía las condiciones de pluralidad que exigía.

Cabildo Abierto logró su objetivo de establecer que la comunicación política debe ser completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada.

Lo que los legisladores socios de los cabildantes parecen no haber tomado en cuenta es que Cabildo Abierto impulsa unos conceptos por entender que la prensa en este país, con respecto a esa fuerza política, no ha sido ni completa, ni imparcial, ni seria, ni rigurosa, ni equilibrada, aunque esos elementos sean las carencias del relato de esa colectividad política y de buena parte de sus socios.

Para el director de Observacom, Gustavo Gómez, esta es una “ley mordaza”, que beneficia a los grandes grupos empresariales de los medios de comunicación y exige una serie de requisitos que amordazan la libertad de expresión.

La Asociación de la Prensa Uruguaya entiende que la “Ley de Medios” que el oficialismo acaba de aprobar tiene expresamente establecida –entre otros elementos de suma gravedad para los estándares de libertad de expresión y de prensa– la obligación de los medios de brindar opiniones y comentarios de manera “seria”, “completa” e “imparcial”, bajo pena de que el Estado los sancione.

Asimismo, esta legislación exprés condiciona las expresiones que los ciudadanos realicen sobre partidos, políticos y gobernantes, lo cual constituye un ataque liso, llano y directo a la libertad de expresión. En otras palabras, el Estado uruguayo, con la sola voluntad de una mayoría legislativa circunstancial, se arroga la potestad de incidir en los contenidos de los medios de comunicación en el contexto de una campaña electoral que ya ha mostrado episodios inéditos y gravísimos.

Esta norma fue aprobada bajo el rótulo de “grave y urgente”, sin discusión alguna en la Comisión de Industria, sin la correspondiente y habitual coordinación de las bancadas y, lo que le agrega gravedad y preocupación, sin escuchar a ninguna representación de la sociedad civil sobre su contenido.

Esta modificación legislativa no es ni grave ni urgente, salvo intereses específicos de los partidos integrantes de la coalición gobernante asociados a la campaña electoral en la que estamos inmersos.

El CDC de la APU advierte que esta legislación constituye un grave retroceso en materia de derechos humanos, pues se consagra un marco regulatorio contrario a los estándares interamericanos de libertad de expresión, que el Estado uruguayo se ha comprometido a respetar.

Directamente se avanza en un preocupante aumento de la concentración de medios que ya se está verificando en el país, habilitando la posibilidad de “regularizar” la situación actual de varios grupos mediáticos.

“La legislación aprobada también allana el camino para la definitiva extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación y la eliminación de la participación pública y control ciudadano en los procesos de adjudicación de frecuencias”.

Sin dudas, en lo que resta al Gobierno y la campaña electoral, se vienen tiempos complejos para el ejercicio del periodismo independiente, que desde hace años ya es plural, serio, riguroso y equilibrado.

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