A fines de la semana pasada se descubrió que algunos policías habían entregado armas a uno de los grupos de traficantes de Villa Española. Nadie debería sorprenderse, porque no hace muchos años policías de Treinta y Tres traficaban armas para delincuentes brasileños. Y lo mismo se descubrió en Rivera semanas atrás.
En enero del 2020, en Salto, se supo que una mujer vinculada al narcotráfico tenía fotos y datos personales de 40 policías. El subjefe de Policía, comisario mayor Adolfo Cuello, aseguró que de la pericia realizada al teléfono celular se encontró que toda la información que tenía una mujer apodada “la Brasilera” provenía del celular de una mujer oficial de policía.
En junio de ese año una investigación sobre amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero permitió descubrir que policías corruptos vendían a los narcos grabaciones de las audiencias orales y públicas.
Ese mismo mes fue detenido el coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, comisario Fernando Pereira. El tercer jerarca del organigrama fue acusado de varios delitos: abuso de funciones, faena clandestina, omisión de los deberes del cargo, revelación de secreto y omisión en denunciar delitos. En noviembre fue procesado y enviado a prisión.
A principios de los 2000, Pereira, entonces en la Dirección de Investigaciones, ya había sido procesado con prisión por “abuso de funciones”, acusado de torturas. Cuando recuperó la libertad, y sin que se le instruyera sumario, volvió como comisario de San Carlos y allí estuvo hasta que en marzo del 2020 pasó a Jefatura.
Durante tres años bandas de narcotraficantes asolaron la ciudad de San Carlos. La madre del traficante conocido como “el Buñuelo”, jefe de una de las bandas, acusó a la policía de “cobrar coimas para tolerar la venta de drogas”. El comisario Fernando Pereira tiene un patrimonio que no se justifica con su salario.
Dos meses después la Justicia de San José imputó al comisario Richard Hernández, jefe de la Brigada Antidrogas de ese departamento, y a otros tres policías, por los delitos de cohecho y asistencia al narcotráfico.
En enero del 2021 policías de Maldonado detuvieron a un oficial de la Guardia Republicana que revistaba en Montevideo, acusado de ser el homicida de un traficante de drogas. La investigación fiscal determinó que el policía también vendía estupefacientes y había matado al otro por una deuda. Fue formalizado y remitido a prisión. Además, se descubrió que logró lavar una cifra cercana a los 500.000 dólares que había “invertido” en un apartamento en la zona de parada 5 de Punta del Este y en vehículos de alta gama.
En noviembre del 2021 la Justicia procesó a un policía y a un bombero por ser parte de una banda que transportaba cocaína desde Melo a Montevideo.
En junio del 2022 la Justicia condenó a dos años de prisión a un efectivo de la Republicana que intentó trasladar una mochila con 21 dosis de cocaína desde el destacamento ubicado en Capilla de Cella (Canelones) hasta el de San Carlos (Maldonado).
En mayo del 2023 se descubrió a policías que vendían celulares a los presos por 25.000 pesos. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, durante una comparecencia ante legisladores, reconoció que “todo el mundo” introduce drogas en las prisiones y admitió que corromper a los policías es “muy fácil”. Además, señaló que hay “personas dentro de las cárceles que ganan mucho más dinero que afuera”.
En agosto del 2023 la Policía de Canelones realizó un allanamiento en una boca de drogas ubicada en Toledo. Allí encontraron a un policía de Narcóticos. Luego se probó que el infiel funcionario, en realidad, era informante de los narcos locales.
A principios de diciembre, en un control toxicológico realizado a policías que se desempeñan en la cárcel de Santiago Vázquez, 13 dieron positivo: nueve por cocaína, 3 por marihuana, 1 por cocaína y marihuana.
A mediados de año se supo que habían desaparecido varias armas que estaban para periciar en dependencias de Policía Científica del Ministerio del Interior.
Que aparezcan armas y chalecos antibalas de la policía en manos de los narcos ha sido cosa frecuente.
Corrupción y drogas no es asunto nuevo
El 23 de junio del 2019 el jefe de la mafia calabresa, Rocco Morabito, se escapó de Cárcel Central, entonces ubicada en San José y Yi. Resulta muy obvio que, tanto en la forma de la fuga como en su posterior escape hacia Brasil, contó con apoyo policial. De otra forma era imposible.
En el año 2018 el director de Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, encabezó un importante operativo realizado en el pasaje Los Palomares en la zona de Casavalle contra una banda de traficantes llamada “Los Chingas”. Estos habían desalojado a la fuerza a muchos residentes, para apropiarse de sus casas y usarlas como bocas o refugios temporales.
Este cronista conoció a una joven pareja que había vivido el horror del despojo. Cuando le preguntamos si no habían hecho la denuncia policial, ambos se miraron y preguntaron “¿para qué?”. Enseguida agregaron: “Frente al pasaje hay un destacamento y allí los narcos conviven con los policías. Les dan plata, comida, ropa y hasta motos. Nadie nos lo contó, lo vimos como todo el barrio”.
En una zona alejada del centro de Maldonado funcionaba una boca de drogas dirigida por una familia. Todos los vecinos lo sabían. Ellos relataron a Caras y Caretas que “dos veces por semana el padre de esa familia llevaba un par de cajas grandes a la comisaría. Nunca los allanaron”. Los vecinos no denunciaban porque sentían verdadero temor de que los traficantes supieran quién había sido.
A mediados de 2022 dos funcionarios policiales de Montevideo relataron que “luego de una paciente investigación que llevó semanas, logramos una orden de allanamiento para ingresar a una casa donde había drogas, armas, chalecos antibala y dinero. Llegamos apenas salió el sol, cuando ingresamos no había nada. Todos estamos seguros que nuestro superior nos vendió”.
Ambos policías se preguntaron “¿cómo podemos confiar en nuestros superiores si nos enteramos que le avisan a los delincuentes que van a ser allanados? Nosotros le ponemos el cuerpo a las balas y ellos nos entregan. ¿De quién tenemos que cuidarnos?”.
El inspector Julio Guarteche siempre explicaba que “la corrupción es un flanco que no se puede dar al crimen organizado. Ninguna actividad delictiva avanza si no hay corrupción que la proteja”.
Por eso, en línea con el pensamiento de Guarteche, vale insistir con que el mayor problema de Uruguay no es el narcotráfico sino la corrupción que lo ampara.
¿Estamos cerca de un punto de no retorno?
Todos los operativos antidrogas se realizan en barrios pobres. Aunque el Ministerio ya debería saber que los que financian o ingresan los grandes cargamentos no viven en esos lugares, precisamente. Ni allí están los profesionales que les arman sociedades para que puedan lavar el dinero ilegal.
Tres oficiales ya retirados, pero que conocen ese submundo, coincidieron en afirmar que “las decisiones ministeriales sólo están apoyando la conformación de una gran banda de narcos. A estos tipos no los asustás con amenazas. Y lo que está pasando es que, primero, se pone en riesgo la vida de los funcionarios, porque ahora los van a balear sin aviso. Y luego los están obligando a unirse para enfrentar a la Policía, su gran enemigo. ¿Saben cómo termina esto? Como Colombia o México”.
Hoy no sabemos, aunque muchos lo sospechan, si los narcos financian a políticos. Pero empezamos a percibir que han logrado infiltrar a la Policía.
En muchos barrios las bandas organizadas sustituyen al Estado brindando “asistencia social” a familias muy pobres.
Parece que nadie se quiere enterar que las bandas narcos afectan con su violencia a los barrios más pobres. Mientras los que lavan su dinero o colaboran para el ingreso de grandes cantidades, viven en barrios acomodados sin balaceras.
“Deseo que nunca pase, pero el día que maten a un policía, a un fiscal o a un juez habremos llegado a un punto de no retorno”, dijo un dirigente del sindicato de policías de Maldonado.
Mientras tanto la criminalidad crece y también la maldad con que actúa. 24 homicidios en 10 días era la cifra al miércoles pasado.
Pero como la mayoría de los muertos tenían antecedentes y eran consumidores, no generan alarma social. Aunque muchos de los asesinatos revelan casi un modo de actuar.
Tal vez llegó la hora de que Fiscalía investigue la posible existencia de “comandos” o “milicias” haciendo justicia por mano propia.
