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La empresa involucrada emitió un comunicado explicando las razones de su salida del Uruguay y detalló sus acciones en el rubro de la telefonía.
Telefónica ha comunicado este martes el cierre definitivo de la venta del 100% de su filial en Uruguay a Millicom Spain, un acuerdo anunciado por la empresa originalmente el pasado 21 de mayo.
La operación se concretó una vez obtenidos todos los permisos regulatorios necesarios, por un monto de 440 millones de dólares (unos 377 millones de euros), según ha confirmado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La conclusión de esta etapa en Uruguay se produce tras 20 años de presencia en el país. De acuerdo a Telefónica esta empresa deja una operación con 1,4 millones de clientes móviles (el 29% del mercado) y una inversión acumulada superior a los USD 700 millones en infraestructura y espectro, impulsando la digitalización y el despliegue de tecnologías como el 5G, según manifiesta en el comunicado.
La cuantía recibida por la transacción en Uruguay se destinará a la estrategia financiera del Grupo: se espera que la deuda consolidada se recorte en 384 millones de euros gracias a esta operación.
La venta a Millicom se enmarca directamente en el proceso de desinversión de todos los activos que la compañía posee en su división de Hispanoamérica, cuyo objetivo es centrar sus recursos en los denominados mercados core: España, Alemania, Reino Unido y Brasil.
En un desarrollo relacionado con la estrategia de desinversión, se ha conocido que América Móvil ha informado, a través de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), del cierre de un acuerdo con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) de Chile para "explorar de forma conjunta una potencial oferta para adquirir los activos chilenos de Telefónica".
De acuerdo a Pilar Vázquez el comunicado publicado en la SEC subraya la cautela del proceso: “Las partes podrán decidir en cualquier momento no presentar una oferta o presentar una oferta individual o conjuntamente y, en caso de hacerlo, cualquier oferta y potencial transacción estará sujeta a la obtención de las aprobaciones corporativas necesarias y a las normas regulatorias y autorizaciones requeridas bajo las normas sectoriales y de competencia aplicables, incluyendo la autorización previa de la Fiscalía Nacional Económica de la República de Chile”.