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El intendente de Maldonado, Enrique Antía (PN) , fue denunciado en fiscalía por el presunto delito de abuso de funciones y a la vez ante la justicia civil para que detenga una demolición de cuatro casas.
La denuncia penal fue presentada por el abogado Pablo Donnangelo ante el Fiscal de Corte, Juan Gómez, en representación de cuatro hermanos propietarios de cuatro pequeños ranchitos en los que residen, ubicados sobre la franja costera de Punta Colorada, cerca de Piriápolis.
Estas personas, todos octogenarios, han vivido en el lugar casi toda su vida. Poseen la documentación que los acredita como propietarios y han pagado todos sus impuestos.
En el año 2021 la intendencia los intimó a abandonar el lugar y derribar las viviendas sin recurrir a la justicia y por lo tanto sin demostrar incumplimientos con las normas. No se les ofreció ninguna alternativa, ni expropiación, ni lugares alternativos para residir.
La intimación fue recurrida ante la intendencia, pero esta jamás contestó por lo que decidieron apelar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Este organismo aún no se pronunció, pero hace una semana los hermanos recibieron una notificación de la Dirección de Jurídica de la intendencia informando que mañana, miércoles 15, las viviendas serán demolidas.
En el escrito que presentaron ante Gómez, difundido por El Observador, el abogado Donnangelo afirma que “el intendente no puede ejecutar administrativamente la demolición de las construcciones existentes en el padrón, en ausencia de un previo pronunciamiento del Poder Judicial”.
El abogado asegura que Antía podría haber incurrido en el delito de abuso de funciones previsto en el artículo 162 del Código Penal, por violación a la Ley de Ordenamiento Territorial. .
También se presentó un recurso de amparo para evitar que la intendencia derribe las cuatro casas mañana como tiene previsto.