De acuerdo a lo que fuera establecido por las autoridades actuantes, el funcionario habría participado en la falsificación de alrededor 104 pasaportes uruguayos, razón por la que se formalizó una investigación en su contra por reiterados delitos de suposición de estado civil.
Por esta razón de dictaron medidas cautelares consistentes en fijación de domicilio, cierre de fronteras, la entrega de documentos de viaje y la no comunicación con funcionarios de la embajada de Uruguay en Moscú, por un plazo de 180 días mientras se avanza hacia una futura condena.
En sustitución de la fiscal Gabriela Fossati participó su colega Fernando Romano. El funcionario tomó la investigación durante los 15 días en los que la fiscal estará certificada.
Según se pudo establecer se usaban documentos de uruguayos oriundos de la colonia San Javier (Río Negro), con el fin de falsificar las partidas de ciudadanos rusos y que así figuraran como hijos o nietos de uruguayos.
Piegas dijo que su trabajo consistía en controlar la documentación de la persona que tramitaba la ciudadanía uruguaya. Entre las labores, se encargaba de evaluar que los papeles hayan pasado por los protocolos correctos y tuvieran sellos rusos.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal adscripta, Gloria Nicolin. Le cuestionó al cónsul su forma de realizar el trabajo, dado que desde Identificación Civil se detectaron irregularidades en los pasaportes expedidos desde Rusia, que llevaban la firma del uruguayo imputado.
