Bergara apuntó a lo que consideró como “falta de profesionalismo” y “de seriedad en el gobierno”, porque nadie advirtió de los antecedentes de Astesiano cuando fue definido como el jefe de la custodia del presidente.
Con respecto a las declaraciones de Lacalle Pou sobre el caso, Bergara dijo que fueron “más bien confusas” en relación a los antecedentes penales, a las más de 20 indagatorias y a una eventual advertencia de esas circunstancias por parte del Ministerio del Interior.
El principal problema para la oposición radica en que no es posible convocar al Palacio Legislativo a las autoridades de Presidencia, a las que sólo se les pueden cursar invitaciones, que podrían rechazar. Sin embargo, la coalición de izquierda también identifica posibles responsabilidades en el Ministerio del Interior (MI), y algunos dirigentes estudian la posibilidad de pedirles explicaciones a los jerarcas.
Por su parte el senador del MPP, Alejandro Sánchez, también consideró el asunto “un escándalo internacional”, y a esto agregó que “la custodia presidencial en Uruguay es controlada por el prosecretario” de Presidencia, Rodrigo Ferrés. En este contexto, el senador apuntó que “hay una responsabilidad política del gobierno” y “tiene que darle explicaciones al Parlamento”, aunque se verá “cuál es la forma”, porque “la Presidencia de la República escapa al control parlamentario”.
