Con esta realidad, la bancada del Frente Amplio en el Senado comenzó este viernes a analizar la documentación que el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, presentó para justificar el accionar de su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira, al entregar una vivienda de forma directa a una militante de Cabildo Abierto. La oposición pidió en las últimas horas el apoyo de su equipo de abogados para terminar de sustentar un convencimiento concreto que va cobrando fuerza con el correr de las horas: la actuación de la jerarca estuvo fuera de la normativa y, al entregar en forma directa y sin sorteo una vivienda a un militante de su partido, además de un acto clientelar, representó un delito.
Uno de los delitos que la conducta de Moreira podría configurar es el "abuso innominado de funciones". El código lo prevé en los casos en que un funcionario público que, "con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de particulares".
Para el Frente Amplio a Moreira también podría caberle una acusación por "conjunción de interés personal y público". El artículo 161 del Código Penal lo prevé para los funcionarios que, "con o sin engaño, directamente o por interpuesta persona, se interesase con el fin de obtener para sí o para un tercero en cualquier acto o contrato en que deba intervenir por razón de su cargo, u omitiere denunciar o informar alguna circunstancia que lo vincule personalmente con el particular interesado en dicho acto o contrato".
