Recuerda que para las causas regidas por el anterior Código del Proceso Penal la legislación contempla la posibilidad de prisión domiciliaria para mayores de 70 años, “pero excluye expresamente determinados delitos especialmente graves, entre ellos, los comprendidos en el Estatuto de Roma”. “No hay un vacío legal, sino una decisión expresa del Parlamento que ahora se pretende modificar”, alerta la Presidencia del FA.
Concluye que con esta propuesta se busca “beneficiar a personas condenadas por delitos gravísimos cometidos desde el aparato del Estado”, quienes durante décadas se beneficiaron “del silencio, la impunidad y la falta de colaboración en la búsqueda de los detenidos desaparecidos”.
La declaración concluye que no se trata de “una cuestión de valentía personal ni de atributos masculinos”, sino de “principios, legalidad y responsabilidad democrática”. “Defenderemos siempre la independencia de la Justicia, el cumplimiento de sus sentencias y el trato digno de toda persona privada de libertad. Pero humanizar las condiciones de reclusión no significa consagrar impunidad ni transformar la edad en un mecanismo automático para dejar sin efecto las penas”, señala.