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Fiscalía citó denunciantes por la causa de espionaje ilegal en democracia luego de un año de "estancamiento"

Fiscalía convocó a Raúl Olivera para el jueves 24 de julio por el pedido de desarchivo de la causa de espionaje ilegal en democracia, archivada en 2022.

Raúl Olivera informó a Caras & Caretas que, luego de un año de "estancamiento", comienza a moverse el pedido de desarchivo, de la causa de espionaje ilegal en democracia. La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos de 1er turno, citó a los denunciantes, para mañana jueves 24 de julio, a las 11:00 hs.

Los denunciantes habían solicitado el desarchivo de la denuncia que hiciera la Cámara de Diputados en 2018, sobre espionaje ilegal en democracia. La causa se archivó entonces por considerarse prescriptos los delitos constatados.

Hace algunas semanas, desde esta redacción, informamos oportunamente sobre la falta de respuestas de Fiscalía que denunciaban los ciudadanos que pidieron el desarchivo de la causa. Intentamos comunicarnos con la Fiscalía solicitando información sobre el estado actual de la solicitud, pero no obtuvimos respuestas.

Delitos constatados pero prescriptos según Fiscalía

Una investigación de la Fiscalía Penal de Montevideo sobre Delitos Económicos y Complejos, dirigida por el fiscal Enrique Rodríguez, confirmó que desde el retorno democrático en 1985 y hasta al menos el año 2005, agencias de inteligencia del Estado uruguayo llevaron adelante acciones sistemáticas de espionaje ilegal.

El informe reveló que organismos como la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la Dirección General de Información de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado—dependientes de los ministerios del Interior y de Defensa—realizaron seguimientos, infiltraciones, escuchas ilegales, allanamientos sin orden judicial y pagos a informantes para vigilar a partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales e incluso a integrantes de otros poderes del Estado. Si bien, la Fiscalía identificó múltiples conductas presuntamente delictivas, como abuso de funciones y violación de domicilio, los hechos quedaron archivados por haber prescripto: los delitos, con penas que no superan los diez años de prisión, ya no pueden ser juzgados, dado que transcurrieron más de trece años antes de que la justicia tomara conocimiento formal de los mismos en 2018.

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