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ASOCIARMELos ciudadanos que presentaron recursos contra la prescripción de los delitos de espionaje ilegal en democracia esperan hace más de un año respuesta del fiscal
Caras y Caretas Diario
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Espionaje ilegal: Este año se celebraron "40 años de democracia" en nuestro país. Engalanados en las mejores tradiciones, todos los presidentes constitucionales (vivos) desde 1985 inflaron globos y colgaron guirnaldas en la fiesta.
Sin embargo, como sucede hasta en las mejores familias, en el cumpleaños, fue necesario omitir ciertas opacidades, oportunos silencios y la impunidad campante, de la que hasta el día de hoy, gozan algunos responsables de los más atroces crímenes del terrorismo de estado.
Disfrutar de la fiesta, sin consideraciones inoportunas mientras el silencio y la impunidad se expanden como un gas tóxico sobre nuestros eslóganes de democracia transparente y estable.
Y es que ¿Puede considerarse democrático un país que espió a sus ciudadanos durante décadas y continuó haciéndolo incluso luego de 1985, año que marca el comienzo del capítulo más largo de "democracia ininterrumpida" en Uruguay?
“El Estado siguió con la lógica del enemigo interno durante mucho más tiempo, más allá de 1985”, además el Frente Amplio (FA) en "todo aquello que implicara tocar algo que afectara al colectivo militar, siempre estuvo omiso, y se hacía lo posible para que eso no ocurriera", afirmó Raúl Olivera en diálogo con Caras & Caretas.
Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu (OLI) de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, con un conjunto de ciudadanos denunciantes, hace más de un año esperan la resolución del fiscal Alejandro Machado, de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° turno, en relación al pedido de desarchivo del caso de espionaje ilegal en democracia presentado el 12 de junio del 2024.
Los demandantes solicitan, además, que se incorpore a la investigación el contenido del “Archivo Castiglioni” y los rollos difundidos en el sitio web “Archivos del terror Uruguay”, “que sean útiles para la investigación”, según consta en el documento de difusión.
Los ciudadanos, algunos integrantes de organizaciones sociales y posibles víctimas del espionaje ilegal, sostienen que el pedido de reapertura de la causa se sustenta en el estado de reserva del “Archivo Berruti” hasta 2017.
Como este archivo no fue de acceso público hasta el 24 de octubre 2017, “la prescripción debe contarse a partir de esa fecha y no desde 2005, cuando se halló, “pues al impedido no le corren los plazos”, afirman. También solicitan a la fiscalía que, al “Archivo Castiglioni”, la prescripción se le contabilice desde abril del año pasado, y a los Archivos del Terror desde el 15 de junio, por el mismo motivo que el “Archivo Berruti”.
“La investigación, a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos de 1° turno, concluyó que se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado pero que los delitos denunciados prescribieron por lo que archivó la denuncia”, puede leerse en la página web de la Fiscalía General de la Nación, con fecha 21 de julio del 2022, en relación al caso, presentado años antes por la Comisión Investigadora de diputados.
Los responsables, entre los que según Olivera se encuentran todos los presidentes, los ministros de defensa, los comandantes en jefe del Ejército y los responsables de los servicios de inteligencia del estado, desde 1985 hasta por lo menos 2005, podrían ser juzgados.
En caso de reabrirse la causa, estas personas podrían ser imputadas de abuso de funciones, omisión de denuncia de delitos, pesquisa, violación de domicilio, interceptación telefónica, revelación de secreto telefónico, conocimiento de documentos secretos, públicos o privados, y revelación de secretos, todos con penas máximas inferiores a diez años.
"Alrededor de 200 personas firmaron ese petitorio porque se sintieron vulnerados en sus derechos", "lo que reclaman es que la fiscalía defina si efectivamente esos delitos prescribieron o no prescribieron. Y si no prescribieron, que culminen las investigaciones y establezcan las responsabilidades que correspondan", expresó Olivera.
Al momento de escribir esta nota, la fiscalía se comunicó en tan solo dos oportunidades con los denunciantes. El 27 de agosto de 2024 respondió que "estaba en estudio" a una solicitud sobre el estado del reclamo y el 16 de mayo de 2025, al reiterarse solicitud de información, la fiscalía pidió el número de expediente, se proporcionó pero no hubo respuesta.
Curiosamente, el archivo Berruti se hizo público, poco después de que prescribiera el plazo legal de diez años para juzgar delitos que prevean menos de diez años de pena. Por lo menos curioso resulta también, que cuando se formó la comisión investigadora en la Cámara de Diputados y los parlamentarios accedieron a las actas de incautación del archivo, doce años antes, en el Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva, descubrieron que el Ministerio de Defensa (MD) frenteamplista había incautado un armario, pero habían dos, uno marrón, otro gris según constaba en actas.
El armario marrón, que no fue lacrado ni confiscado y con el que no se siguió ningún criterio archivológico en 2005, permaneció doce años bajo custodia del Comando General del Ejército y fue entregado a solicitud del MD por el Comandante en Jefe en ese momento, Guido Manini Ríos.
Olivera repasa los largos años, que ha luchado junto a tantos compañeros, para derrotar la impunidad de la que gozan los terroristas de estado. Cree que en el FA algunos sectores se han encargado, también, de que así sea. "La mayoría de la izquierda, luego que se aprobó la Ley de Caducidad, al tema de la justicia lo sacó de la agenda", sentenció el militante por los DDHH.
"En el 2004 hubo un congreso del FA, allí debatieron Hugo Cores por un lado y Eleuterio Fernández Huidobro (ex ministro de defensa) por el otro, en relación a lo que se hacía con la Ley de Caducidad, con la impunidad. Y la fundamentación que sostuvo Fernández Huidobro, en contra de lo que sostenía Hugo Cores era que se podía renunciar a todo menos al triunfo", explicó Olivera en relación a la tensión presente dentro de la fuerza de izquierda desde la salida de la dictadura. Para el coordinador del OLI, el argumento de Huidobro era aceptar la Ley de Caducidad y no juzgar a los militares y sus colaboradores por los delitos de lesa humanidad cometido durante y luego de la dictadura.
Creían que hacer algo contra los militares "cuestionaba el triunfo del FA. Hasta el 2011, la mayoría de la izquierda, no todo el mundo de la izquierda, no todos los partidos políticos, pero la gran mayoría tenían una lógica de aceptar la ley de caducidad", señaló, "porque la izquierda tenía la visión de que tocar a los militares significaba la vuelta a la dictadura", concluyó.
Una de las primeras directivas que dio Juan Díaz, primer ministro del interior del FA, fue que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia dejara de vigilar y de actuar en contra de los integrantes de las organizaciones de izquierda.
"No más seguimientos y otras operaciones para perseguir el accionar plenamente legítimo de partidos políticos, sindicatos, cooperativas y demás organizaciones de la sociedad y la cultura", dijo, según consta en actas de la comisión investigadora del parlamento. El ex ministro, quien relató que infiltrarse y vigilar actos y asambleas era un "trabajo zafral" de los agentes de inteligencia, pidió "no más seguimientos y otras operaciones para perseguir el accionar plenamente legítimo de partidos políticos, sindicatos, cooperativas y demás organizaciones de la sociedad y la cultura".
Según Olivera "todos sospechaban de alguna manera que eso seguía existiendo", pero no tenían "pruebas fehacientes". Consultado sobre la posibilidad de que siga existiendo aún hoy espionaje ilegal a la ciudadanía de parte de los servicios de inteligencia del aparato represivo del estado, dijo que si no se sigue investigando, como piden, no se podrá saber hasta qué año y cuál fue el alcance de esta práctica que existió antes, durante y luego de la dictadura.
En el año 2011, Olivera acompañó a un grupo de denunciantes, que siendo niños habían sido torturados en la dictadura, en el departamento de Treinta y Tres. Este grupo de víctimas de delitos de lesa humanidad resolvió hacer la denuncia y cuando se encontraban en el juzgado un sujeto comenzó a sacarles fotos a los presentes desde la vereda de enfrente. "Un vecino de 33 me dijo que era un integrante de la S2 de la repartición de inteligencia del ejército", relató "le sacamos una foto, fui al MD a pedir explicaciones y me dijeron que había ido por iniciativa propia, que, justo ese, era su día libre".
Queda presente la duda sobre cuáles son las responsabilidades y si se hará justicia, en ocasiones a pesar del FA. También cuáles son los objetivos y a quién responden, finalmente, los servicios de inteligencia que tal vez, hasta el día de hoy, creen que las organizaciones sociales y de izquierda son un "enemigo interno" al que vigilar.
