Las declaraciones surgieron luego de que periodistas consultaran sobre la posibilidad de que la Rendición de Cuentas tuviera un contenido extremadamente acotado debido a las restricciones fiscales existentes. Bai evitó adelantar detalles específicos sobre el financiamiento, aunque afirmó que cualquier ampliación de prestaciones deberá desarrollarse “en el marco de la sostenibilidad” y en coherencia con el programa fiscal del gobierno.
Según explicó, el diseño previsto implica una implementación gradual debido al volumen de recursos necesarios para sostener la política. “La gradualidad con la que se puede implementar va a estar comenzando en el año 2027 y sobre eso hay un compromiso”, aseguró.
El coordinador remarcó además que el documento elaborado por el Diálogo Social ya reconoce el carácter ambicioso de la propuesta en materia de recursos económicos. En ese sentido, sostuvo que la expansión de prestaciones deberá acompasarse con las posibilidades fiscales del Estado y con las definiciones presupuestales que adopte el Poder Ejecutivo.
Diálogo Social
Las medidas forman parte del conjunto de orientaciones elaboradas por la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, cuyo trabajo fue presentado oficialmente el pasado 29 de abril. La instancia incluyó conversatorios en todo el país, seminarios temáticos y audiencias con organizaciones sociales y especialistas.
Para Bai, el desafío ahora pasa por traducir esas orientaciones generales en instrumentos normativos concretos y mecanismos de implementación sostenibles. “El Poder Ejecutivo naturalmente las va a considerar como un aspecto central para definir estratégicamente cómo avanzar”, afirmó.
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