Probablemente el ciudadano no reciba en obras el dinero que paga en tasas y tributos, pero tiene derecho a exigir que, por lo menos, se administre correctamente el dinero que se recauda. Ni eso. Porque la mayoría de los intendentes abusan del poder que les otorga el voto.
Corrupción, clientelismo y abuso de funciones son asuntos frecuentes que, finalmente, conspiran contra la democracia. Pero es más fácil que “un camello pase por el ojo de una aguja” que un corrupto vaya preso. Y en la impunidad también reside el poder.
Artigas: la corrupción la paga todo el país
Hay que reconocerle el gesto de sinceridad que tuvo el candidato Emiliano Soravilla, luego electo intendente, cuando anunció que Valentina Dos Santos, procesada y condenada por corrupción el año pasado, sería la secretaria general de la Intendencia. El tipo cumplió. Con los Caram por lo menos, porque los despidos de funcionarios contratados empezaron apenas asumió.
Según la Rendición de Cuentas del año 2023, presentada en julio del 2024 —la última aún no es pública—, tenía un déficit acumulado de unos 25 millones de dólares. En ese período tuvo egresos por unos 60 millones de dólares e ingresos por un total de 55 millones de la misma moneda. Pero lo curioso, y no tanto, es que algo más del 60 % de esos ingresos son “aportes del Gobierno central”. Es decir que con la recaudación propia esa Intendencia no podría funcionar. O, peor aún, casi 5 millones de dólares de un total de 8 que se fueron en los acomodos de los Caram —y por los que fueron condenados— los aportó el Gobierno central también con el dinero de cada uno de ustedes, estimados lectores.
El 85 % de los ingresos se van en el rubro 0, es decir, sueldos y aportes, y gastos de funcionamiento. El 15 % restante se emplea en obras e inversiones.
Nicolás Lorenzo, diputado frenteamplista por ese departamento, informó que apenas asumió el nuevo intendente cesó “a 250 funcionarios contratados, algunos con muchos años de antigüedad”. A esos hay que sumar “otros 50 despedidos en el Municipio de Bella Unión”, aunque en este caso “la alcaldesa Fabiana García contrató inmediatamente a otras 50 personas que trabajaron con ella en la campaña”.
La mayoría de los despedidos están identificados con el Frente Amplio e incluso hay varios blancos que no acompañaron a Soravilla. Entre los contratos rescindidos está el del periodista Sergio Martínez, quien en su momento denunció públicamente el escándalo por el cobro de horas extras que comprometió a la hoy secretaria general de la Intendencia, Valentina Dos Santos.
Tacuarembó: el feudo de Ezquerra
El departamento de Tacuarembó tiene una larga tradición caudillesca. Primero fue el colorado Jaime Montaner, luego vinieron los blancos Sergio Chiesa y Wilson Ezquerra. En su momento todos lograron aplastantes victorias. Ezquerra es el único elegido en cuatro oportunidades y al final de este mandato habrá gobernado durante 20 años, con una interrupción de 5 años cada 10.
El electo intendente es un poderoso empresario que hace muchos años se desempeñaba como docente de Mecánica y Electricidad en la UTU local. El año pasado fue denunciado en la Junta Departamental por vender una tierra de su propiedad y luego gestionar permisos para una industria forestal que se instalaría en ese predio. Pero la denuncia ante la Fiscalía por un presunto abuso de funciones la realizó el colectivo de la radio comunitaria La Kandela.
Desde entonces no hubo un fiscal en Tacuarembó que investigara el caso. Por rara casualidad, o renunciaban o eran trasladados. Ahora, sin avances, el caso está a cargo de una fiscalía de Durazno.
Esta semana circuló un posteo en la red X firmado por Alberto Viana Díez, funcionario municipal, en el que cuestiona el cese de “algo más de 170 trabajadores contratados hace 5 meses por el intendente interino que no apoyó a Ezquerra, sino a otro candidato”.
“Siempre lo mismo —agrega Viana—. Contratan gente, les dan esperanza, pero luego viene gente del mismo partido pero con otra idea y toda la ilusión de esos trabajadores se esfuma, porque les habían avisado que era solo por cinco meses”. El posteo termina reclamando “ingresos por concurso ya, no más ingresos a dedo”. Y luego reclama “a todos los partidos que dejen de mentir y de robar. Acomodan primero a los alcahuetes y arrastrados incluídos los directores generales y joden siempre a los de abajo”.
Curiosamente, el primer comentario a este posteo provino del dirigente nacionalista y exintendente de Tacuartembó, Eber da Rosa, que sólo le pregunta a Viana: “¿Y vos cómo entraste a la Intendencia? No hay que ser hipócrita”.
Una muestra exacta de cómo son las cuestiones políticas y laborales en el interior.
Cerro Largo: la Intendencia está fundida
La Intendencia de Cerro Largo está “fundida”. Ancap le cerró los créditos y por lo tanto carece de combustible para su flota vehicular y de maquinaria; tampoco tiene acceso a créditos bancarios “por mala pagadora”; no tiene dinero para pagar los sueldos de julio y debe unos 40 millones de dólares. Hasta el momento el nuevo intendente despidió a unos 300 funcionarios contratados, pero el número puede crecer.
La edila frenteamplista Eliana Díaz dijo a la radio M24 que “esta deuda viene de la época de (Sergio) Botana”, exintendente y actual senador. Recordó que “el candidato por el Partido Colorado a la Intendencia de Cerro Largo, Rodrigo Rivero, había advertido de la situación financiera de la comuna”.
Pero en toda su campaña —fruto del duro enfrentamiento político que mantenía con el entonces intendente José Yurramendi, candidato apoyado por Botana— Morel no solo denunciaba la situación financiera, sino también la existencia de “graves actos de corrupción”.
La edila Díaz dijo que “si se mira, el contador que asume con el nuevo gobierno es el mismo contador que estaba en la época de Botana y el secretario general es el mismo que estuvo en el último período de Botana. Se repiten figuras que estaban en conocimiento de lo que pasaba a nivel económico dentro de la Intendencia. Llama la atención que digan que no estaban en conocimiento del problema, porque esto no es de ahora”, concluyó.
A principios de esta semana, el intendente Morel ofreció una conferencia de prensa para informar sobre la situación financiera de la Intendencia. “La cuenta en Ancap está cerrada, por lo que no podemos disponer de combustibles. Los créditos bancarios también estaban cerrados, y no tenemos dinero para afrontar el pago de sueldos a fin de mes”. Afirmó, además, que “hay 120 millones de pesos del Fondo de Desarrollo del Interior para ejecutar. Sin embargo, las obras están paralizadas porque ningún proveedor quiere otorgar crédito a la Intendencia”.
En un departamento donde la Intendencia es la “empresa” más importante y la que ocupa a más trabajadores, la situación ameritará gestiones a nivel del Poder Ejecutivo para resolver, en principio, el tema salarial. Curiosamente, será el Frente Amplio, que nunca ganó en Cerro Largo, quien podría resolver el gravísimo problema económico dejado por los blancos, que nunca perdieron allí.
Maldonado: cayó la máscara
El último acto de gobierno del exintendente blanco Enrique Antía fue enviar una solicitud de anuencia a la Junta Departamental para presupuestar al 85 % de los funcionarios que él mismo contrató en forma directa. Y el primer acto de gobierno de Miguel Abella, nuevo intendente, fue solicitar permiso a la Junta para contraer un crédito bancario por varias decenas de millones de dólares (38 según algunas fuentes, 57 según otras) a los efectos de “afrontar un desfasaje temporal de liquidez”.
Resulta que el departamento más pujante del país, uno de los dos que recibe más ingresos por la actividad turística, el que otorgó permisos para construir 5 millones de mts2., el que más creció poblacionalmente, no tiene un peso.
La otra mala noticia para los habitantes de este lugar es que aumentarán algunos tributos, que ya no se pagará el aditivo por las cámaras de videovigilancia, pero habrá que pagar una tasa más alta para mantener la limpieza.
En estos días las jerarquías y sus voceros mediáticos se han empeñado en quitarle relevancia al déficit que Antía le heredó a su candidato Abella. Pero la auditoría del TCR cerrado el 2023 es concluyente: el déficit acumulado es de 153 millones de dólares. Y cuando cierre el 2024 será peor porque el “carnaval electoral” fue carísimo. A ese déficit hay que agregar deudas por otros 300 millones de dólares por diferentes fideicomisos y créditos bancarios firmados por la Intendencia, la tercera parte para “licuar deudas pasadas”. Una parte de esa deuda tiene vencimientos inmediatos, pero otra se pagará año a año hasta el 2040.
La política de la Intendencia se sustenta en una lógica perversa: hay que autorizar cualquier proyecto de construcción, no importa dónde, a los efectos de recaudar más impuestos para poder pagar las deudas. Y los especuladores inmobiliarios lo saben. Por eso el “desarrollador” Sergio Grosskopf acaba de obtener permisos para construir un edificio de 23 pisos en la parada 21 de La Mansa, violentando todas las ordenanzas para la zona. En ese lugar solo se podía construir un máximo de 4 pisos en altura.
Enrique Baeza, director general del Departamento de Planeamiento y Presupuesto, dice, en el informe enviado a la Junta para solicitar un nuevo crédito bancario, que el “desfasaje de liquidez” estaba motivado en el “incremento no previsto en compromisos por planes de vivienda, fundamentalmente en el proyecto de realojo del barrio Kennedy”; un “aumento de los costos de la prestación de servicios esenciales, como los vinculados a la nueva licitación por los servicios de recolección de residuos”; “el crecimiento de la infraestructura urbana del departamento, con el incremento de los costos de mantenimiento de la misma” y, en cuarto lugar, “el cumplimiento de obligaciones con los proveedores”.
Sin embargo, el realojamiento del asentamiento Kennedy se hizo mediante un fideicomiso por 35 millones de dólares, de los cuales 28 los aportó Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el resto el Banco de la República.
Los servicios de recolección de residuos fueron licitados y ampliados por Antía y tienen un costo de 200 millones de dólares en cinco años, casi un año entero de recaudación, sin que la Intendencia pusiera observaciones.
La infraestructura urbana ha crecido descontroladamente porque no existe un plan de desarrollo territorial y porque, como fue dicho, se aprueba lo que sea donde sea con tal de recaudar. Pero los grandes inversores tienen muchas exoneraciones nacionales y departamentales, por lo que el costo de mantener la “infraestructura urbana” recae sobre el ciudadano común.
El contador Baeza debería aportar mejores argumentos.
A pesar del déficit, a pesar de las deudas, a pesar de la falta de dinero, el nuevo intendente reorganizó la estructura administrativa creando los departamentos que deberían sustituir a las direcciones generales. Pero cada departamento tiene viejas y nuevas direcciones y subdirecciones generales, por lo que el personal de confianza creció.
Montevideo: la bella desordenada
En qué momento se despatarró todo en la Intendencia de Montevideo no es sencillo de precisar. Todo parece apuntar a Mauricio Zunino como responsable del descalabro. Pero él solo no llegó a ese lugar.
Como sea, en plena campaña habían aparecido algunos datos que preocupaban. Por ejemplo, que esa Intendencia tiene un déficit de unos 90 millones de dólares.
Esta misma semana Adeom mantuvo su primera reunión con el intendente Mario Bergara y, según Silvia Tejera, secretaria general del gremio, el jerarca les dijo que “se había encontrado con mucho desorden en la administración. Dijo que la casa estaba bastante desorganizada y estaba tratando de poner las cosas en su lugar”.
El intendente aseguró que estaba tratando de “reducir el personal de confianza y bajar el monto de los salarios”.
Por ahora el mayor desafío de Bergara es tratar de limpiar la ciudad y esta misma semana se anunciaron las generalidades de un plan que se informará al detalle el próximo mes.
