El CASMU y los riesgos de seguir apretando la tuerca

Si la información sobre gastos fuera transparente y no existieran conflictos de intereses —eufemísticamente llamados “problemas de agencia” por la academia respetable—, entonces recortar el gasto no sería más que una tarea mecánica, no muy diferente que ajustar una tuerca. Bastaría con apretar “return” y saldría impresa una planilla electrónica con todos los excesos de gasto.

Pero así como la interacción de fuerzas que juegan en una rosca son algo más complejas que la simple tarea de apretarla, la economía política de un presupuesto estatal tiene un orden de magnitud más complicado. La consecuencia es que, si no se analiza bien el problema antes de “ajustar”, se puede llegar a romper la tuerca.

Analicemos el caso emblemático del presupuesto de salud pública, en particular el caso de ASSE. Hoy son pocos los integrantes del sistema político que todavía se atreven a negar que el Gobierno anterior dejó un agujero negro de deudas que rondan los 200 millones de dólares.

Todo indica que la gestión anterior gastó más de lo presupuestado acumulando deudas con proveedores, entre los cuales se encuentra la mutualista CASMU, a la cual el organismo le debe desde hace tiempo una cifra de 15 millones de dólares.

Estas deudas no son viejas, ni resultan de algún diferendo jurídico entre las dos entidades. Por el contrario, resultan de los servicios que día a día prestan varias mutualistas, entre ellas CASMU, para que ASSE pueda garantizar los servicios de asistencia a sus usuarios. Esto implica que todos los meses las mutualistas le facturan a ASSE por servicios, lo que automáticamente transforma este servicio en una cuenta a cobrar contra el Estado uruguayo.

Siguiendo con el ejemplo de CASMU, si la mutualista factura todos los meses a ASSE algo menos de 2 millones de dólares, esto implica que las deudas acumuladas representan algo así como 7 meses de facturación. Si tenemos en cuenta que el Hospital del Cerro le costó a ASSE unos 15 millones, otra manera de verlo es que CASMU financió el 100 % de su construcción, algo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista financiero.

Esto porque en el mundo económico, las empresas tienden a ordenar sus inversiones y transacciones en torno al principio organizador de que aquel agente (o balance) que debe absorber la deuda es el mejor preparado, tanto en términos de solidez como de menor costo de financiamiento. Aquí estaría ocurriendo exactamente lo contrario. CASMU, a quien con su infame ordenanza No. 565 del 2 de julio de 2024 la exministra de Salud Pública, Karina Rando, se ocupó de cercenarle cualquier acceso a financiamiento bancario, no debería estar financiando a ASSE, un ente del Estado que cuida muy meticulosamente su relacionamiento con los mercados financieros y calificadoras de crédito.

¿Alguien en el MEF se planteó qué ocurriría si mañana la calificadora Fitch se le ocurriera preguntar por qué mutualistas con dificultades financieras deben financiar forzosamente al soberano uruguayo? ¿Será que las “reglas de juego” impuestas por los malla oro mandaran exprimir toda construcción social?

Efectivamente, el pago de intereses de CASMU se disparó exponencialmente a partir de la intervención decretada en julio de 2024, lo que debería llamar la atención, ya que supuestamente el Estado hizo su ingreso para “ordenar” una situación supuestamente desordenada. La realidad marca que terminó ocurriendo todo lo contrario.

Fue a partir de esas fechas que ASSE dejó de pagar, comportamiento sospechosamente similar al que exhibió en el período previo a la intervención de Casa de Galicia a fines de 2022. La necesidad de financiar el aumento de cuentas a cobrar contra ASSE y el cercenamiento del crédito bancario, y el consecuente costo adicional por recurrir al endeudamiento para-bancario explican el aumento de la deuda de la mutualista.

Esto nos lleva a reflexionar si no es el propio MEF el que tiene la llave para resolver las debilidades financieras de CASMU, antes de que las consecuencias económicas —pérdidas por intereses— hagan insostenible la mutualista. También, y en forma más conceptual, si poniendo en duda la cobrabilidad de cuentas a cobrar contra el Estado, si el Estado mismo no está poniendo en riesgo la calificación de su propia deuda.

No deberíamos ser nosotros quienes recuerden que la solidez de todo sistema financiero está anclada en el supuesto de que las deudas del Estado no tienen riesgo. Es por ello que los defaults del Estado arrastran casi inevitablemente a crisis bancarias.

En esta nota editorial he tratado de evitar cualquier otro razonamiento que pudiera ser interpretado erróneamente por cualquiera que pudiera estar involucrado en las decisiones que han llevado a esta gravísima situación que pone en peligro a uno de los mayores y más emblemáticos prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. He procurado escribir sin especulaciones desde todo punto de vista razonables y sin atribuir intenciones que pudieran iniciar discusiones que entorpezcan la ruta que permita la solución del problema para que la gestión de la institución CASMU se encamine de la mejor manera posible.

Tal vez mucha gente crea que con la ley aprobada en los primeros días de esta legislatura el problema del CASMU estaba terminado. Sin embargo, no se ha hecho lo que parecía más elemental: ASSE debe pagarle al CASMU lo que le debe o, en su defecto, el BROU podría prestarle ese dinero al CASMU con la garantía de las facturas que más temprano que tarde ASSE deberá pagarle.

Quizás semejante apriete tenga otras aristas y oculte otras intenciones, pero prefiero creer que es solo una subestimación de los riesgos que conlleva esta situación tan crítica.

Esperemos que prime la cordura, y que el Estado se dé cuenta de que no se puede seguir apretando la tuerca.