Las investigaciones preliminares apuntan a que los recursos públicos se habrían canalizado a través de dos vías principales:
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Fondos de conservación: Redireccionados para la creación de materiales comunicacionales destinados a mejorar la imagen de ciertos funcionarios gubernamentales.
Programas sociales estratégicos: Desvío de pautas publicitarias vinculadas a proyectos clave del Gobierno, tales como “Hambre Cero” (alimentación escolar) y “Che Róga Porã” (acceso a la vivienda), para financiar anuncios en redes sociales con fines de desprestigio.
"Se utilizaron recursos destinados a los sectores más vulnerables para sostener operaciones digitales de acoso contra el periodismo independiente." (Síntesis del argumento de la denuncia).
Nexos bajo sospecha y respuesta oficial
El caso tomó mayor fuerza tras las revelaciones del diario ABC Color, que expusieron una posible conexión técnica en el esquema: un número telefónico perteneciente a un funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) aparecía vinculado a la página web utilizada para emitir las publicaciones difamatorias.
Por su parte, el Mitic reaccionó rápidamente mediante un comunicado oficial en el que se desmarcó completamente de la situación, asegurando que la institución no mantiene ningún tipo de vínculo con las empresas privadas ni con los medios de comunicación señalados en la denuncia.
Debate sobre el control de los recursos
Este escándalo ha reavivado el debate en Paraguay sobre la vulnerabilidad de los fondos públicos y la falta de transparencia. Diversos sectores de la sociedad civil y del arco político exigen un endurecimiento drástico en los mecanismos de control, argumentando que es inadmisible que el presupuesto destinado a combatir la pobreza y el hambre escolar termine convertido en una herramienta de propaganda y persecución política.
