Así las cosas, el Gobierno actuó sin tomar en cuenta ni a sus bases ni a sus principales aliados, como el movimiento sindical, y quedó ubicado en una posición sumamente incómoda: el jueves pasado, permitió que Marco Rubio despliegue ante la representación del Estado uruguayo su retórica fascista justificada en el combate a un inexistente resurgimiento de un terrorismo de izquierda, conformando una liga o “coalición” —así la llamó el secretario de Estado de EEUU— con foto de familia y bandera desplegada, bandera uruguaya que, por cierto, aportó la propia Embajada al desgraciado encuentro, por lo que se comenta en los corrillo. Esta semana la arrancó comunicando que enviaría el proyecto de ley sobre seguridad social, pero sin incluir ese acuerdo fundamental sobre las AFAPs, que suponía la desvinculación del trato directo de las AFAPs con los usuarios, a cuyo efecto se iba a crear un organismo que administrara los conjuntos de usuarios, de modo que las AFAPs debieran licitar por ellos, ofreciendo menores comisiones y mejor rentabilidad para la gente.
El costo de desconocer este acuerdo es la ruptura de la confianza. No se puede alcanzar un acuerdo discutido durante casi un año, en un punto que fue una propuesta del propio Gobierno, y después de comunicarlo, someterse a un régimen de sesiones semanales reservadas con las AFAPs durante sesenta días que termina fraguando una traición. Es un escándalo y el argumento para hacerlo de que habían subestimado el papel percibido de las AFAPs en el mercado financiero, “de los que financian al Gobierno”, es como decir que encontraron el límite de nuestra soberanía, la puerta del infierno, más allá de la cual hay que abandonar toda esperanza.
¿Cómo se arregla esto? Solo es posible con la intervención decidida de la fuerza política. De otro modo, los números de esta gestión no tienen piso.
