Este lunes se escribió un nuevo capítulo en el caso Cardama, luego de que el Frente Amplio acusara al exministro de Defensa Armando Castaingdebat de haber habilitado el primer pago al astillero Cardama sin contar con la documentación original y con base en documentos que luego se constató que eran falsos.
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Armando Castaingdebat declaró este lunes por el caso Cardama.
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La afirmación fue realizada por el diputado Joaquín Garlo en rueda de prensa tras la comparecencia del exjerarca ante la Comisión Especial de seguimiento de la compra de las patrulleras oceánicas. La sesión se extendió durante unas tres horas.
“Ese primer pago de más de 8 millones de euros se hizo sin tener la documentación adelante”, sostuvo Garlo, quien aseguró que el Ministerio de Defensa contaba únicamente con un informe del estudio Delpiazzo.
El legislador señaló que el propio estudio había aclarado que su función no era controlar las garantías y afirmó que había advertido “de forma sistemática” sobre irregularidades en el proceso de constitución de esos documentos.
Garlo también cuestionó las sucesivas prórrogas otorgadas al astillero y sostuvo que respondieron a una “decisión política” de mantener vigente el contrato, sin considerar las consecuencias que podían generar.
Según el diputado, esas extensiones permitieron que Cardama presentara una garantía falsa y documentación adulterada. “Tenemos el documento original del escribano español y tenemos el documento trucho presentado por Cardama, totalmente falsificado”, afirmó.
El frenteamplista sostuvo que esa documentación fue utilizada para que la garantía fuera aceptada y se habilitara el primer desembolso. Además, rechazó que el contrato pudiera haberse mantenido mediante la sustitución de la garantía.
“El mismo día que se anunció que se constató que la garantía era falsa, Cardama presentó la misma garantía con la misma empresa: una empresa que no tenía empleados, que no existía y que no tenía domicilio”, expresó.
Garlo afirmó que el actual gobierno logró determinar en “unas pocas semanas” que la garantía era falsa y apuntó a que en la administración anterior “no existieron controles profundos para evitar que el Estado uruguayo sea estafado por parte de la empresa”, sostuvo.
La versión del exministro
Castaingdebat, por su parte, defendió ante la comisión que el proceso contó con controles “superiores a los exigidos por la normativa” y que las garantías fueron analizadas por el estudio Delpiazzo antes de ser aceptadas.
El exministro también indicó que el Tribunal de Cuentas, el contador central del Ministerio de Economía y el contador auditor intervinieron el gasto sin formular observaciones.
Castaingdebat alegó que las prórrogas tuvieron como objetivo “conservar el contrato” y permitir que avanzara la construcción de las patrulleras. También advirtió que la rescisión podía derivar en un juicio contra el Estado.
Garlo consideró que ese planteo era “una paradoja” y señaló que el arbitraje internacional previsto en el contrato estaba limitado a diferencias técnicas vinculadas con la construcción de los buques.
“La rescisión adoptada por este gobierno no tiene nada que ver con lo técnico, sino con lo contractual y con los incumplimientos graves y sistemáticos por parte de Cardama”, subrayó.
La comisión resolvió por unanimidad enviar a Fiscalía todas las actuaciones una vez que finalice su plazo de trabajo, previsto para agosto.
También acordó convocar formalmente al propietario del astillero, Mario Cardama, y al representante de la empresa en Uruguay, Gerardo Moreira. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, comparecerá en la próxima sesión, prevista para el lunes.
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