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La Suprema Corte de Justicia (SCJ) ya recibió los informes que solicitó a las dos juezas del Crimen Organizado, quienes fueron cuestionadas por otorgar prisión domiciliaria a dos narcotraficantes que luego se fugaron.
El vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, confirmó que el miércoles llegó a la Corte el informe de la jueza Adriana Chamsarián, que se suma al que ya había enviado su colega María Helena Mainard. El caso de Chamsarián en manos de los ministros de la SCJ, pero este jueves analizará el tema y eventualmente se tomará alguna decisión respecto al último entregado, explicó Oxandabarat a Arriba Gente (Canal 10).
En el caso de la jueza Mainard ya se resolvió iniciar una investigación administrativa, pero no un sumario. La diferencia, explicó el vocero, es que la investigación administrativa "analiza hechos" y de allí puede surgir alguna responsabilidad.
La investigación es llevada a cabo por un Tribunal que luego eleva un informe a los ministros de Corte y allí se decide si archivar o iniciar un sumario al magistrado actuante. El proceso puede derivar en una observación o ante casos más graves, en la separación del juez o funcionario judicial de su cargo.
El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuestionó a las juezas Mainard y Chamsarián por otorgar prisión domiciliaria a los narcos Juan Antonio González Bica y Miguel Ángel Leal Da Costa, respectivamente. En el primero de los casos se dispuso la colocación de una tobillera electrónica como forma de controlar los movimientos del delincuente, pero en el otro no. Ambos se fugaron de sus domicilios y están ahora prófugos de la justicia, sin pistas sobre su paradero, dijo el ministro.
En reiteradas ocasiones Heber dijo que se siente "indignado" y "molesto" con el fallo de ambas juezas. Asimismo, declaró a la prensa la posibilidad de que hayan más casos como ese, a lo que volvió a insistir en su "preocupación" frente a "una actitud permisiva con respecto a gente muy peligrosa".
En este marco, la Suprema Corte resolvió solicitar un informe sobre el estado de situación de todos los casos de prisión domiciliaria otorgada por un magistrado.