Tras la polémica, Presidencia envió la factura de la automotora Oliva —concesionario oficial de la marca en Uruguay, cuya representación la tiene Fidocar— que indicaba que el presidente tuvo un descuento de US$ 25 mil.
Denuncias anónimas
Trascendió que una de las denuncias solicita que se "determine si este beneficio fue una práctica comercial común accesible a cualquier ciudadano o si constituyó una ventaja indebida en razón de su investidura, lo cual violaría leyes como el Código de Ética de la Función Pública, que prohíbe a los funcionarios recibir obsequios o ventajas de terceros".
Además, reclama que "se investigue la relación con vehículos oficiales y contrataciones, ya que 8 días después de la compra, se utilizaron camionetas de la misma marca para el desfile oficial de la asunción presidencial. Solicito que se investigue si existió algún vinculo entre la operación privada y este evento, y si la empresa importadora o sus concesionarios mantienen contratos o licitaciones vigentes con el Estado".
Finalmente, pidió indagar "si el Estado ha comprado vehículos a esa marca, el monto de la compra y si el tribunal de cuentas avaló las compras".