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ASOCIARMEAl cierre del 2024 el déficit de la Intendencia de Maldonado superaría los 200 millones de dólares más un endeudamiento por fideicomisos cercano a los 250 millones de dólares.
Caras y Caretas Diario
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Según una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de la República, cuyo informe se conoció a fines de marzo pasado, la Intendencia de Maldonado tiene un déficit acumulado de 150 millones de dólares cerrado el año 2023.
Además, acumula deudas por diferentes fideicomisos aprobados por la Junta Departamental por otros 250 millones de dólares pagaderos hasta el año 2040. Sin embargo, a fines de este año deberá enfrentar el vencimiento de un crédito bancario por 50 millones de dólares, monto incluído en el déficit constatado por el TCR.
A principios del segundo período consecutivo de Enrique Antía (2020-2025), la Intendencia debió contraer un préstamo bancario por 50 millones de dólares, ya que estaba totalmente desfinanciada y no había dinero para pagar sueldos. En el año 2021 firmó un fideicomiso por 95 millones de dólares para “licuar deudas”. En tanto, en el año 2022 firmó otro fideicomiso por 35 millones de dólares para “construir viviendas y realojar a los asentados en El Jagüel”. En agosto del 2023 los 21 ediles blancos aprobaron un nuevo fideicomiso por 45.500.000 dólares “para obras”. El año pasado contrajo otro adeudo por 55 millones de dólares para realizar “obras de agua potable y saneamiento”.
Diversas fuentes de oficialismo y oposición coincidieron en que “probablemente cuando se cierre el año 2024, año electoral, el déficit acumulado podría superar los 200 millones de dólares”. Además, habrá que ver cómo financia el Gobierno, ahora liderado por Miguel Abella, los 50 millones de dólares que tiene que pagar dentro de 5 meses, que corresponden al préstamo bancario tomado en el año 2020.
El documento al que accedió Caras y Caretas, que en Maldonado solo difundió el diario Correo de Punta del Este, revela el desorden administrativo que reiteradamente ha constatado el TCR. El Tribunal constató diversos incumplimientos legales que reflejan debilidades en la gestión. Entre estos se destacan:
Contratación de personal (Art. 86 Constitución): Ingreso de funcionarios sin vacantes presupuestales, incumpliendo la estructura orgánica aprobada.
Competencias de gobiernos departamentales (Art. 275 Constitución, Art. 35 Ley N.° 9.515): Garantías a estudiantes universitarios exceden las competencias legales, y transferencias al Fideicomiso de Vivienda Social contravienen disposiciones de la Junta Departamental.
Multas y contribución inmobiliaria rural (Art. 297 Constitución, Art. 94 Código Tributario): Aplicación de porcentajes de multas no ajustados a la ley y discrepancias en el valor imponible.
Depósitos en Banco Santander (Art. 4 TOCAF): Fondos depositados fuera del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), incumpliendo la normativa.
Fondos permanentes en municipios (Art. 12 Ley 19.272, Art. 89 TOCAF): Falta de reglamentación y creación indebida por la Intendencia en lugar de los municipios.
Criterio de lo devengado (Art. 20 TOCAF): Facturas de 2023 no contabilizadas.
Devolución de garantías (Art. 64 TOCAF): Retrasos en la devolución de garantías.
Contabilidad patrimonial (Art. 94 TOCAF, Ordenanza N.° 89): Estados financieros no presentados conforme a la normativa.
Inventario desactualizado (Art. 84, 97 TOCAF): Falta de inclusión de todos los bienes.
Facilidades de pago (decretos 3953/2016, 4011/2019): No se dan de baja convenios caducados con tres o más cuotas vencidas.
Trasposiciones (Art. 4 Decreto 4080/2023): Refuerzos indebidos al grupo de gastos no clasificados.
Horas extras (Convenio N.° 30 OIT, Ordenanza N.° 61): Liquidaciones que superan topes sin justificación.
Creación de recursos municipales (Ordenanza N.° 62): Modificaciones aprobadas sin pronunciamiento previo del Tribunal.
Los contadores delegados observaron gastos reiterados por los ordenadores.
La auditoría reveló que la Intendencia tiene falencias internas significativas, a saber:
Manejo de fondos: arqueos incompletos de cobros por tarjetas, cheques y vales debido a registros no automáticos.
Falta de control en pólizas de garantía y conciliaciones bancarias con partidas antiguas (algunas de 2020).
Ausencia de manuales de procedimientos en Tesorería.
Retrasos en la entrega de recaudaciones y falta de control sobre compensaciones de vales estudiantiles.
Compras y contrataciones: Planificación parcial de compras, incumpliendo el Art. 33 del TOCAF.
Ausencia de un compendio normativo para partidas salariales.
Contratos adjudicados sin firma conforme a pliegos.
En los Municipios: Falta de manuales de procedimientos y de inventarios actualizados de bienes.
Según el último censo, Montevideo tiene 1.384.000 habitantes y Maldonado 190.078, es decir, 7 veces menos. La Intendencia de Montevideo tiene 8.466 funcionarios y la de Maldonado 3.500, más una cifra imprecisa de contratados a través de la Fundación A Ganar, pero que se estima en por lo menos 500 más. O sea, con 7 veces menos población, tiene la mitad de funcionarios. La Intendencia capitalina recauda unos 2 millones de dólares diarios. La de Maldonado, 700.000 cada día.
Según informaciones difundidas por la nueva Administración, Montevideo tiene un déficit de 90 millones de dólares. Según el TCR, al cierre del 2023 Maldonado acumulaba un déficit equivalente a 150 millones de dólares, es decir, casi el doble que la capital.
Antía ha insistido con la falsedad de que la administración frenteamplista 2005-2015 le heredó un déficit de 93 millones de dólares, pero el TCR sostuvo que el déficit al cierre del 2014 era de 47 millones, de los cuales casi 30 millones se los había heredado el propio Antía en el 2005 al gobierno de Óscar de los Santos. Pero, además, el Gobierno de Maldonado tiene varios fideicomisos y préstamos que afectan y afectarán sus ingresos.
En agosto del 2020 la Intendencia de Maldonado había solicitado autorización a la Junta Departamental para prorrogar el vencimiento de préstamos contraídos con cinco instituciones financieras hasta junio de 2021. Los bancos República, Heritage y Bandes, más las corredoras de bolsa Renmax y Nobilis, concedieron a la Intendencia créditos por 61,5 millones de dólares que la Administración debía pagar el 25 de noviembre de ese año, tras incumplir anteriores vencimientos. Pero no había dinero y la mejor solución adoptada por el Partido Nacional fue postergar los plazos.
En febrero del año 2021 el reelecto intendente logró que, sin mucho trámite, la Junta Departamental le aprobara un fideicomiso por 95 millones de dólares pagaderos en 15 años. Pero en este caso no eran para ninguna obra, sino para licuar el déficit que él mismo había generado en el período 2015-2020.
Según el decreto aprobado por la Junta Departamental en el año 2020, la Intendencia liderada por Enrique Antía contó con un presupuesto quinquenal de mil millones de dólares. El exintendente Óscar de los Santos dijo a Caras y Caretas que actualmente “la Intendencia invierte entre el 7 % y el 8 % de lo que recauda en obras, el 92 % restante se va en gastos de funcionamiento”.
Como en este departamento el Partido Nacional cuenta con 21 ediles, mayoría absoluta, no necesita negociar nada con ningún otro partido.
A fines del 2020 el TCR había publicado el resultado de una auditoría realizada a la Intendencia de Maldonado. El informe revelaba datos escandalosos, aunque no tuvieron mayor trascendencia. El máximo organismo de contralor constató un verdadero caos administrativo en la intendencia más rica del país, la violación de varias leyes, que se cobraron impuestos de más y que dijeron tener superávit, pero en realidad el déficit entonces había crecido 201 %.
A fines del 2023 el Gobierno de Maldonado le debía 35 millones de dólares a sus proveedores. En agosto del 2023 los 21 ediles blancos aprobaron un nuevo fideicomiso por 45.500.000 dólares “para obras”. La deuda se saldará dentro de los próximos 20 años, con recursos surgidos de la cesión de derechos por cobro de Sucive, más ingresos por la cobranza de tasas, impuestos y contribuciones departamentales.
La obra más importante de este gobierno ha sido el realojamiento del asentamiento Kennedy. Pero esa obra no se hizo con fondos propios sino con otro fideicomiso financiero por 35 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF) que aportó 28 millones y el Banco de la República (BROU), que aportó 7.
Fuentes del TCR estimaron que al cierre del 2024 el déficit de Maldonado superaría los 200 millones de dólares. A lo que se debe agregar un endeudamiento por fideicomisos cercano a los 250 millones de dólares, pagaderos hasta el año 2040. Esos montos comprometen la recaudación entera de dos años. Con estos números, un kiosco estaría fundido.
En plena campaña electoral, Antía dijo a un programa radial de Maldonado que, “sumados los fideicomisos de oferta privada, pública, el del realojo del Kennedy y el de obras, se pagarán unos 16 millones de dólares al año. Esa cifra se licúa con el pago de contribución inmobiliaria de los edificios a los que se les otorgaron exoneraciones para permitir su construcción y que en enero de 2025 pagarán 18 millones y medio de dólares, cifra que, de cara a los próximos años, aumentará al menos a 24 millones de dólares por año cuando estén las obras finalizadas”.
Pero no explicó cómo solucionará el déficit de unos 200 y pico de millones de dólares que le heredó al gobierno que lo sustituyó. Ni cómo hará Miguel Abella, el intendente recién asumido, para pagar 50 millones de dólares antes de fin de año.
