La decisión provocó el rechazo de la familia de la víctima, que presentó un recurso para revertir la rebaja de la sanción. Tras una nueva revisión jurídica, Orsi y Lustemberg firmaron una resolución que restableció los cinco años de inhabilitación que había dispuesto originalmente la Comisión Asesora del Ministerio de Salud Pública.
El propio presidente reconoció que el ministerio había sido «inducido a error» por los informes jurídicos que fundamentaron la resolución inicial. Una explicación que, sin embargo, no disipó las interrogantes sobre las responsabilidades políticas y administrativas de lo sucedido.
La defensa de Pereira a Lustemberg
En medio de la polémica, Pereira salió a respaldar sin matices a la ministra. El presidente del Frente Amplio calificó de «ruido de la derecha» el pedido de renuncia impulsado por el Partido Nacional y cuestionó que la oposición anunciara una interpelación después de que el gobierno hubiera restablecido la sanción original.
«Primero se le pedía a la ministra que cambiara la decisión, cuando la cambia la quieren interpelar. Es más para terapia que para el Parlamento», sostuvo.
Pero fue su afirmación sobre la ética frenteamplista la que quedó en el centro de la discusión. «La ministra actuó de acuerdo a la ética del Frente Amplio, a nuestro compromiso con la gente, e incluso a la forma de hacer política que tiene el partido, que no tiene ningún problema en corregir si hay algo que no se adecuó a la norma», expresó.
Pereira también reivindicó la posibilidad de corregir decisiones cuando se advierte que no se ajustan a la normativa y aseguró que el gobierno y el Frente Amplio mantienen un «respaldo absoluto» a Lustemberg.
Desde la oposición, en cambio, la rectificación presidencial es precisamente uno de los argumentos para reclamar explicaciones. El Partido Nacional resolvió promover una interpelación a la ministra en la Cámara de Diputados, que estará a cargo del legislador Federico Casaretto y fue fijada para el 24 de noviembre.
Los nacionalistas entienden que la marcha atrás del gobierno confirma la gravedad de la decisión original y reclaman que se esclarezca cómo se llegó a reducir una sanción de esa naturaleza.