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Los corruptos de este país frotan sus manos con satisfacción al ver cómo se demuele a la Jutep, el único organismo que puede exponerlos públicamente.
El denominado “caso Danza” se ha constituido en una serie de errores concatenados que terminaron poniendo en tela de juicio la credibilidad de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), algo que los corruptos soñaban desde hace años.
Ignacio de Posadas, exministro de Economía y exsenador durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera, escribió en el diario El País el 10 de marzo del 2018: “No me gusta lo de la Jutep, no me gusta nada todo este catereté de corruptelas y moralinas. Terminemos con la jutepización de la política”.
De Posadas criticó que el directorio de la Jutep se haya referido, en un comunicado, a “conductas que, sin estar explícitamente prohibidas, agreden las legítimas aspiraciones de la ciudadanía con respecto a las normas que deben regir la conducta de quienes ocupan cargos públicos”. Curiosamente, en una nota editorial publicada una semana después, La Diaria le dio la razón.
A esas afirmaciones, el entonces presidente del organismo anticorrupción, Ricardo Gil Iribarne, contestó: “No somos los tutores de la ética personal. Solo nos ocupamos de la ética pública, y esta sólo se puede evaluar en relación con las normas vigentes para quienes ocupan cargos públicos”.
Estas citas vienen al caso del doctor Álvaro Danza, presidente de ASSE. Más allá de su calificado currículum profesional, nunca debió ser nombrado para ese cargo, sin antes solicitársele que renunciara a todos los que mantenía con varios prestadores de servicios. Algo que finalmente hizo, pero tarde, después del “puterío político que se armó” (Gil Iribarne dixit).
En tales condiciones el nombramiento del respetado profesional no solo violaba la Constitución, también la ley 18.161 del 29 de julio del 2007 que creó la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). El artículo 9 de la referida ley expresa: “Los miembros del Directorio de ASSE no podrán ser nombrados para cargos, ni aún honorarios, que directa o indirectamente dependan de ésta. Esta inhibición durará hasta un año después de haber cesado en sus funciones, cualquiera sea el motivo del cese, y se extiende a todo otro cometido, profesional o no, aunque no tenga carácter permanente ni remunerado. Los miembros del Directorio tampoco podrán ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con ASSE. Las prohibiciones e incompatibilidades señaladas no rigen para las funciones docentes desempeñadas honorariamente en institutos de enseñanza superior”.
Con normas tan claras resulta incomprensible todo lo que ha venido ocurriendo. Mucho menos se entiende que se haya puesto en manos de la Jutep todo el peso de una decisión que debió tomar en su momento el propio involucrado y luego la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.
Gil Iribarnbe dijo a radio La Diaria que leyó las 52 páginas del informe de la Jutep y “da la impresión de que se buscaron argumentos de ambas partes para respaldar posiciones tomadas a priori”. Recordó que existen “cosas que son delito, cosas que están prohibidas y cosas que no están prohibidas pero que no hay que hacer. Creo que en este caso hubo cosas que no están prohibidas, que no hay que hacer, que está mal hacerlas y que la Jutep tendría que haberlo dicho, pero no lo dijo la mayoría ni la minoría porque no les gusta a los partidos políticos, ya que les complica la vida”.
En su visión, el caso Danza y las situaciones que generó dieron un mensaje a la ciudadanía de que, aunque no esté prohibido, ameritaba “evitarlo y dar un paso al costado para que la ciudadanía se quede tranquila”. Entiende que en primera instancia Danza debió dejar la Administración de los Servicios de Salud del Estado y que luego “se armó puterío político partidario” en el que “dar un paso atrás es sentirse derrotado”, y “después de que entrás en esa, la cosa cambia”.
Desde el mismo momento en que Yamandú Orsi asumió, la oposición ha estado ocupada en “bajar todos los muñecos que pueda”. Y, en honor a la verdad, el Gobierno se lo ha hecho fácil.
Ahora, a consecuencia de la resolución de la Jutep, no solo interpelarán a la ministra de Salud Pública, también al de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. El diputado Gerardo Sotelo (Partido Independiente) anunció que, además, denunciará a la Jutep ante la OEA “por incumplimiento de sus compromisos legales e internacionales referidos a la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción”. Ya en el sumun de la exasperación, dijo: “Uruguay no será Venezuela”.
Repasar cómo ha actuado la oposición cuando era gobierno sobre “la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción” permite recordar la cita de un filósofo popular brasileño que, en un debate televisivo, le dijo a su contrincante: “Usted tiene razón, pero tiene poca, y la poca que tiene no vale nada”.
La Jutep fue creada en el año 2008 como Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado para cumplir compromisos asumidos por Uruguay al aprobar la Convención Interamericana contra la Corrupción. Hasta el año 2017 fue un simple receptáculo de declaraciones juradas de funcionarios públicos, celosamente resguardadas del ojo público, y eventualmente asesoró a la Justicia.
Eso sin contar que uno de sus presidentes apareció luego de dejar el cargo, como profesional, involucrado en la defraudación fiscal cometida en Maldonado por el entonces edil y hoy senador herrerista, Rodrigo Blás.
No fue hasta el 2017 cuando con la integración de Ricardo Gil Iribarne como presidente, y de Matilde Rodriguez Larreta y de Daniel Borrelli como vocales, que la Jutep adquirió un papel más protagónico en la lucha contra la corrupción. Un cambio notorio fue que se empezaron a publicar las declaraciones juradas de todos los ciudadanos electos.Tuvo un papel decisivo en la renuncia de Raúl Sendic como vicepresidente de la República; cuestionó severamente con argumentos legales las partidas de dinero que la Junta Departamental de Maldonado le paga mes a mes a los ediles desde el año 2015.
En la misma entrevista de radio La Diaria referenciada antes, Gil Iribarne sostuvo que el informe de la Jutep sobre el caso Danza debilita la confianza de la gente y se suma a muchas cosas que han venido pasando. Y puso como ejemplo que los legisladores de la oposición “no mencionan que en el período anterior ganaron dos a uno muchas votaciones, ni que no hubo un solo informe en cinco años referido a todas las cosas que pasaron en ese período en el oficialismo y debió haberse expedido. La lista es larguísima pero empieza con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, llevando en comisión a su hermana; pasa por el intendente de Lavalleja, Mario García, aumentando el sueldo y el cargo a su hermano, o el caso Marset, el caso Astesiano y lo que pasó en el puerto”.
A esa lista se puede agregar el caso de la exdiputada blanca por Artigas, Valentina Dos Santos, procesada y condenada por casos de corrupción y que, cumplida su condena, que ya quisieran muchos ladrones de poca monta, hoy es secretaria general de la Intendencia de Artigas. O el caso del intendente blanco de Soriano, Guillermo Besozzi, formalizado por siete delitos de corrupción pública. O el del exintendente blanco de Maldonado, Enrique Antía, quien en el año 2018 le adjudicó, con falsedades, una vivienda administrada por la Intendencia a una amiga íntima que hoy es su pareja. Tanto la señora como su hijo también se vieron favorecidos con un trabajo municipal.
Los que ahora cuestionan a la presidenta de la Jutep, Ana Ferraris, por el caso Danza, pretenden olvidar que en el período pasado tanto la representante de Cabildo Abierto desde la presidencia como el vocal nacionalista votaron siempre juntos para no investigar nada.
Tal vez el diputado Sotelo pueda explicar ahora dónde estaban entonces “los cumplimientos de los compromisos legales e internacionales de la Jutep, referidos a la transparencia, la ética pública y la lucha contra la corrupción”.
Ayer el diario El Observador aportó un elemento más a esta situación. “La filtración del borrador del informe del Instituto de Derecho Constitucional sobre la situación de Álvaro Danza prendió fuego la interna del grupo. Jaime Sapolinski, el director y profesor grado 5, quedó señalado como el supuesto responsable y se llevó duros cuestionamientos que lo dejaron en la cuerda floja”, dice la publicación. “Esto porque el informe no estaba pronto cuando se divulgó. Faltaban otras posiciones y debates. Algunos integrantes interpretaron que usó al instituto para validar una posición política (Sapolinski es del Partido Colorado muy cercano a Pedro Bordaberry) y le retiraron su apoyo al informe. La situación de Sapolinski puede tener novedades porque algunos quieren investigar y buscar responsables”, dice El Observador.
Y para cerrar el capítulo de las implicancias políticas, vale recordar que lo primero que hizo Luis Calabria, vocal de la Jutep y autor del informe en minoría, fue reunirse con el directorio del Partido Nacional.
Recordemos que, en ocasión del caso Sendic, ni Gil Iibarne se reunió con el FA ni Rodríguez Larreta lo hizo con el PN, ni Borreli lo hizo con el PC.
La partidización del organismo anticorrupción, aplicada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, fue lo que dañó la credibilidad de la Jutep. Gil Iribarne lo dijo con claridad: “Si no estamos convencidos de que el organismo anticorrupción debe estar al margen de las camisetas político-partidarias, por más que lo pongas en la ley va a haber trampa. Hay decenas de trampas que, por ejemplo, hacen que las normas anticorrupción no se estén cumpliendo”.
Hace una semana visitó nuestro país el juez italiano Giovanni Salvi, el magistrado que enfrentó al terrorismo, a la Cosa Nostra, a la Camorra y fue parte de los procesos judiciales conocidos como Manos Limpias. En su haber tiene el procesamiento y condena por reiterados actos de corrupción de Giulio Andreotti, quien fuera siete veces primer ministro italiano.
Salvi sabe de qué habla y lo hace con precisión. Vino a Uruguay en medio de una gira para ofrecer una charla a diferentes autoridades judiciales y fiscales.
En diálogo con El Observador, el magistrado afirmó: “Uno de los aciertos de aquel período fue la persecución de los delitos de cuello blanco. Eso puso fin a la impunidad. El punto de partida era muy complejo. Italia estaba sumergida en la más absoluta corrupción. Ahora sigue habiendo corrupción, pero a menor escala”.
Y para explicar a qué refiere con “menor escala”, dijo: “Me refiero a los intereses. Por ejemplo: a finales de los 80 investigué el asesinato del periodista Mino Pecorelli. Uno de los responsables fue el siete veces primer ministro, Gulio Andreotti. Él había negado todo frente a mi cara. Pero, cuando el delito prescribió, admitió la paga de cheques de millones y millones de liras. Esa era la magnitud y relevancia de la corrupción. Eso no pasa ahora, al menos no en esa escala”.
Podríamos hacer una larga lista de hechos de corrupción que terminaron impunes. Y no se trata del inspector que cobra una coima para no poner una multa, es mucho más complejo, es un sistema que asegura impunidad.
¿Por qué durante años un expresidente de la Junta de Maldonado pudo robar centenares de miles de pesos? Pues porque tuvo la complicidad de otros dos y todos se creyeron impunes. Y si una mujer despechada no los hubiera denunciado, tal vez hoy seguirían robando.
Todos los actores políticos, judiciales, fiscales y policiales revelan su preocupación por el crecimiento del crimen organizado. Pero crecen el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado porque hay corrupción. Así de sencillo.
La corrupción es la madre de todos nuestros males. Y esto es histórico. Tal vez no muchos recuerden que el golpe de Estado de 1973 se dio, según dijeron, para acabar con la corrupción.
Entonces los ediles de Montevideo eran el símbolo de lo corrupto porque iban a almorzar al restaurante El Aguila. Que es cierto, era uno de los más caros. Pero a la luz de lo que ocurre ahora, a esos ediles habría que pedirles disculpas.
Sobre todo porque los presuntos salvadores, militares y civiles, se robaron todo lo que pudieron. Pero para los delitos económicos lograron impunidad.
En Uruguay a nadie le interesa tratar la corrupción como problema, solo sirve para intentar desprestigiar adversarios en campaña electoral. Los que denuncian corrupción, sean ciudadanos, políticos o periodistas siempre pierden. En este país todavía no te matan, pero hacen lo posible para que mueras de hambre. Por eso un organismo como la Jutep es imprescindible.
Muchos se apuraron ahora a plantear cambios, pero no tuvieron el mismo apuro para votarle un presupuesto digno. Hay una larga lista de demoledores, también de quienes la desprestigian. Todos quieren la cabeza de su presidenta, Ana Ferraris. Pero no es por el caso Danza, que fue un error, sino porque saben que Ferraris es implacable y más temprano que tarde les va a complicar la vida.
Por eso, cuando muchos gritan “la Jutep ha muerto”, aquellos que quieren terminar con la impunidad deben responder: ¡Viva la Jutep!