La expectativa que tienen los ministros es saber como resolverá el presidente Luis Lacalle Pou su propuesta de solucionar una problemática que afecta sobre todo a las personas que viven en la calle.
Lo que está claro es que por más que esta sea la última rendición en la que el gobierno está habilitado a proponer un aumento de gasto, el incremento no será de la magnitud del año pasado (que fue del entorno de los 300 millones de dólares), aunque habrá demandas varias de todos los organismos y partidos de la coalición oficialista.
Algunos ya comenzaron, como el fiscal de Corte, Juan Gómez, quien ya se reunió con Lacalle Pou y en un encuentro el jerarca de la institución planteo la necesidad de crear fiscalías especializadas, lo que insumirá más de 15 millones de dólares o como también lo hizo la Universidad de la República, que reclama un amento de 4.000 millones de pesos.
Así las cosas, este será un proyecto clave para la coalición, dado que es la última Rendición de Cuentas de este período de gobierno en la que se puede incrementar el gasto. El artículo 229 de la Constitución establece que el Poder Legislativo, entre otros organismos del Estado, no podrá “aprobar presupuestos, crear cargos, determinar aumentos de sueldos y pasividades, ni aprobar aumentos en las Partidas de Jornales y Contrataciones, en los doce meses anteriores a la fecha de las elecciones ordinarias”