Con los votos del Frente Amplio, Cabildo Abierto, los nacionalistas Sergio Botana y Rosina Piñeiro (madre y suplente de Sartori) y el colorado Germán Cardoso, el Senado sancionó la ley que venía con cambios de la Cámara de Diputados. La norma aprobada tiene un costo de 30 millones de dólares, cuando el Poder Ejecutivo había remitido una propuesta inicial por unos 8 millones de dólares.
La ley incluye los créditos laborales posconcursales como sueldos o jornales, licencias, sumas para el mejor goce de la licencia anual, aguinaldo e indemnización por despido legal, por un máximo equivalente a las 105.000 unidades indexadas, que deberán ser abonadas en un único pago en un plazo máximo de 180 días de promulgada la ley.
La norma también establece la exigencia que los prestadores de salud que recibieron afiliados de Casa de Galicia deben consultar la base de datos de extrabajadores antes de cualquier contratación permanente o transitoria de personal, y que los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Salud Pública (MSP) velarán por el cumplimiento de la obligación de contratar al personal por los prestadores que recibieron a los afiliados.
El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, aseguró que el veto está vinculado a “los recursos destinados al pago de las indemnizaciones”. Este miércoles, cuando la posibilidad del veto cobró fuerza, los legisladores que apoyaron la iniciativa comenzar a hacer cuentas de cara a la votación de la resolución en la Asamblea General, dado que para levantarlo se precisan los votos de tres quintos de la Asamblea General, es decir, 78 votos. Sin embargo, teniendo en cuenta la votación que se dio durante el paso del proyecto en ambas cámaras se alcanzan unos 73 votos, por lo que el veto se mantendría.
