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La ministra de Defensa Nacional Sandra Lazo se refirió a las graves irregularidades constatadas en las garantías de Cardama y habló de estafa.
La ministra Sandra Lazo, durante su interpelación sobre el caso Cardama, defendió enérgicamente la decisión del Poder Ejecutivo de rescindir el contrato y llevar el caso a la justicia penal.
"Nos adelantamos a decir para despejar cualquier atisbo de duda que el Poder Ejecutivo, ante el escándalo mayúsculo derivado de los gravísimos indicios de irregularidades vinculadas con la garantía de cumplimiento de un contrato importante y oneroso, únicamente dispuso lo que por derecho está obligado a hacer: dar noticia al sistema judicial-penal y mandar a que los organismos del Estado competentes promuevan todas las acciones para la protección, defensa y eventual resarcimiento del Uruguay", afirmó la ministra.
Lazo cuestionó la premisa de la interpelación, preguntando si se pretendía que el Estado "pasivamente mirase para el costado como si nada hubiera ocurrido" ante una "flagrante y burda estafa" al pueblo uruguayo. A su juicio, la acción del gobierno ha sido la de "defender" al país.
La ministra también refutó el intento de "instalar un relato" según el cual cuestionar el proceso Cardama es una "actitud antipatriótica", alegando que esto aleja la posibilidad de contar con patrullas oceánicas. "Se ha intentado instalar un cierto relato según el cual el cuestionar, más allá de los muy serios motivos para ello, el proceso que culminó con la compra directa de las OPV... constituye una suerte de actitud antipatriótica", declaró, desmintiendo que su fuerza política sea contraria a la necesidad de desarrollar el sector marítimo de soberanía nacional.