El planteo también recoge que la sentencia reconoce antecedentes de “torturas y violencia sistemática” en el entorno familiar, situaciones que —según se indica— el Estado no logró prevenir, pese a registros previos desde 2010.
Otras consultas técnicas
Además, los firmantes solicitan precisiones sobre aspectos técnicos del procedimiento. Entre ellos, consultan si es necesario que la condena quede firme para que el Parlamento pueda considerar el indulto, teniendo en cuenta que la defensa anunció que apelará el fallo de primera instancia dictado el 8 de abril.
También preguntan si el trámite puede iniciarse durante el proceso de apelación o si debe aguardarse una sentencia definitiva, a la luz del artículo 128 del Código Penal, que establece el indulto como un mecanismo de extinción de la pena.
En cuanto al procedimiento parlamentario, se solicita confirmar la aplicación del artículo 85 numeral 14 de la Constitución, que exige una mayoría especial de dos tercios de votos de la Asamblea General para conceder indultos, así como definir si la iniciativa debe canalizarse mediante un proyecto de ley o a través de otra modalidad.
El documento, por último, plantea dudas sobre los límites del instituto, en particular respecto a las restricciones previstas para casos de reincidencia, y destaca que Martínez no cuenta con antecedentes penales. También se solicita información sobre antecedentes de indultos otorgados y los criterios que guiaron esas decisiones.
